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Provincia pide prorrogar por decimocuarto año consecutivo la emergencia del servicio de anestesiología en los hospitales

El Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un nuevo pedido de prórroga de la emergencia en los servicios, divisiones y secciones de anestesiología de los efectores del subsector estatal de Salud de la Provincia. Había sido declarada por decreto del año 2008 y prorrogada durante los años subsiguientes. 

por REDACCIÓN CHUBUT 04/01/2022 - 00.00.hs

Esta nueva prorroga, que deberá tratar la Legislatura cuando retome las sesiones ordinarias, sería desde el 1º de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Y al igual que ocurrió en 2021, el Gobierno envió el proyecto de una nueva prórroga en la emergencia de anestesiología en pleno receso legislativo. 

 

RENUNCIAS CONDICIONADAS

 

En el artículo 2º del proyecto de prórroga, se establece que «durante el período de emergencia la efectividad de las renuncias de los profesionales que presten servicios y/o cumplan funciones de la especialidad médica en anestesiología quedará supeditada a la asunción de tales funciones por otro profesional de la materia debidamente asignado». 
Más adelante el proyecto enviado por el Gobierno plantea que «en el mismo lapso ningún anestesista podrá negarse a cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales, aún cuando se encontrare en el supuesto referido en el párrafo anterior». 

 

DESDE EL 2008

 

La emergencia en el sector de los anestesiólogos fue declarada en el año 2008 y ha tenido permanentes prórrogas. Una vez más el argumento del Gobierno pasa por «la escasez del recurso humano disponible en la especialidad, cuya existencia o inexistencia se encuentra unida a la posibilidad de realizar cirugías que demandan la atención de los pacientes en los hospitales de mayor complejidad». 
Esto sumado a que «el ingreso de nuevos profesionales a los planteles de la Administración encuentra restricciones, tanto en la limitada oferta como en las pretensiones económicas de los especialistas que el Estado no puede atender, factor que a su vez actúa como disparador de los egresos, respondiendo a intereses sectoriales a partir de una posición dominante y de privilegio». 

 

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