A un año del ataque criminal a EL CHUBUT, y no hay justicia

El 20 de diciembre del año pasado estaba el ambiente caldeado como para una jornada de máxima tensión, luego de la destrucción de varios edificios públicos, entre ellos el incendio y la virtual demolición a pedradas de la Casa de Gobierno provincial, en Fontana 50 de Rawson. Las protestas antimineras, furibundas, parecían impregnadas de algo más. Intereses políticos y disputas territoriales que excedían la zonificación de la ley 5001 para explotar minerales en la meseta chubutense. 

Una de esas movilizaciones antimineras en Trelew derivó en un atentado criminal contra diario EL CHUBUT, y contra la vida de medio centenar de personas que estaban en ese momento en el interior del edificio intentando sacar una edición a la calle, objetivo cumplido pese al fuego que trepaba desde la planta baja, el estallido de los cristales destrozados a pedradas, y de la lluvia de piedras, trozos de canteros, adoquines y pavimento que fueron arrojados contra el frente del edificio. El ataque fue perpetrado con bombas del tipo molotov, es decir, botellas rellenas de combustible con una mecha de trapo empapado, que fueron preparadas en algún lugar presumiblemente no muy lejos del centro.

Esa noche no murió gente, periodistas, técnicos, editores, gráficos, jerárquicos, porque el fuego no subió al primer piso, y porque se logró evitar que los bandularios que atacaban el diario no consiguieran pasar de las escaleras.

Los destrozos fueron muy importantes. Pero el valor simbólico fue más crudo. El atentado constituyó uno de los más graves ataques contra la libertad de prensa en la Argentina, en el último año. Y el peor en Chubut desde 1983. Un ataque revanchista, profundo, pleno de odio, que debería generar vergüenza social. Que mereció el repudio de organizaciones de periodistas y de empresas periodísticas en todo el país, pero también del exterior. Rechazo en el que se inscribieron además las principales referencias de la política nacional y provincial.

Tenemos la profunda convicción de que aquel atentado asesino contra el diario no fue una ocurrencia aislada de un grupo de marginales. Hay autores intelectuales, y están los que cumplieron la orden. También hay responsabilidades institucionales y políticas. Entre los muchos atacantes fueron reconocidos cuatro que están imputados e irán a juicio promediando el año próximo. Se trata de Marcos Antonio Wilipan, Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina y Víctor Emanuel Cotut.

Dos de ellos pertenecen al Movimiento de Trabajadores Excluidos que responden al poderoso líder piquetero local Miguel Prudente, aliado político del poder municipal. Prudente ha adquirido tal dimensión que habla en los actos oficiales y se fotografía junto al intendente Adrián Maderna. 

Quienes facilitaron el ataque, el armado de las bombas incendiarias, o miraron «para otro lado» a pesar de responsabilidad política, no son las únicas personas que deberían ser examinadas en un juicio oral y público. Hay responsabilidades funcionales que competen a la Policía de la Provincia y al Ministerio de Seguridad, que por entonces era conducido por Leonardo Das Neves, el mismo que tuvo que renunciar poco después de atropellar a un ciclista llamado Hugo Gallardo, con un vehículo oficial en la Ruta 7. Gallardo pasó 40 días en coma, se salvó de milagro y permanece internado en un establecimiento en Mar del Plata. 

Dos días antes del atentado contra diario EL CHUBUT, y un día después de la destrucción de la Casa de Gobierno, el entonces ministro de Seguridad Das Neves envió un memorándum interno a las unidades regionales, donde prácticamente les impedía actuar a los policías salvo que haya «peligro de vida». Pues bien, para la Justicia, tal peligro existió y el atentado fue «criminal». Pero no tuvimos protección suficiente. En ese memo, Das Neves recordó a los jefes policiales que en todo operativo de represión de un delito debe haber «proporcionalidad», aunque ello implique que el personal encargado de «hacer cumplir la ley» se «abstenga de usar la fuerza» y que «el objetivo legítimo no podrá cumplirse». El memorándum hacía varias recomendaciones, todas tendientes a eliminar, reducir y atenuar la intervención policial en diversos casos, entre ellos, disturbios. Horas después de ese memo interno, una horda atacó EL CHUBUT a piedra y fuego. Y el entonces jefe de policía Víctor Acosta no envió a la infantería a la calle 9 de Julio, pese a que en las redes sociales «volaban» las amenazas y advertencias respecto de que intentarían prendernos fuego. El ex ministro Das Neves le había atado las manos a la Policía, y meses después de su renuncia fue «reciclado» en un cargo nacional en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

La instrucción del caso por el ataque parece haberse centrado en las cuatro personas que fueron identificadas como participantes del atentado. Es decir, los perejiles. Ello, pese a que el por entonces fiscal y hoy juez Marcos Nápoli, hablaba de investigar e imputar funcionarios. «El caso de EL CHUBUT es paradigmático, porque se vino agitando con anterioridad a la comisión del hecho (...) Esto alertó a personal policial (...) y lo cierto es que al momento del ataque al edificio, la escasez de uniformados que había -o de protección en concreto que el Estado le estaba dando a la propiedad- era casi nula, lo cual fue aprovechado por estas personas; un grupo desalineado por completo de lo que fue una marcha pacífica», declaró Nápoli pocos días después del ataque. Luego agregó que «creemos que hay, a futuro, importantes imputaciones a realizar a funcionarios públicos por los incumplimientos de sus funciones». Pero nada de esto ocurrió. Los que debían velar por la seguridad de los chubutenses entonces eran el ex ministro y ahora funcionario nacional Leonardo Das Neves -el mismo que le limitó la acción a la Policía- y el ex jefe Víctor Acosta.

En consecuencia, un año después del atentado, nada se sabe de los autores intelectuales y de la protección política que recibieron. 

Hace un año, la vida de nuestra gente estuvo en peligro, bajo el fuego de un atentado criminal. Con un ataque de los que sólo ocurren en lugares pre-democráticos, donde el populismo se estanca en el poder para repartir pobreza, y negocios. Un año después, no hay justicia. Y sin justicia, la democracia es una mueca vacía.