Fallo Santiago Goodman: «Siga siga» y el escaso valor de las instituciones de la democracia

Hay una doctrina futbolera que aplica perfectamente a la política y la justicia. Es el famoso «siga siga» del ex árbitro internacional argentino Francisco Lamolina, quien la popularizó en los ’80 y hasta el fin de su carrera a mediados de los ’90. Propiciaba seguir el juego haciendo caso omiso de las faltas que se cometían. Aplica a otros ámbitos cuando se ignoran los hechos, o estos se producen sin consecuencia alguna para los protagonistas. El miércoles, la jueza María Tolomei eligió dar al ex titular del gremio docente ATECh, Santiago Goodman, una pena menor, equivalente a la que pedía la defensa del sindicalista en el juicio que se le seguía a él y a otras personas por gravísimos incidentes incluyendo un incendio en la Legislatura provincial en 2019. Además, lo absolvieron de desmanes en la Casa de Gobierno. Aquello ocurrió en medio de una protesta estatal en la noche del 17 y madrugada del 18 setiembre de 2019, en un contexto de atraso salarial y pagos escalonados. Además, en esas horas murieron dos maestras que volcaron en la ruta, desgracia que Santiago Goodman utilizó en su propia defensa.

Los hechos que se ventilaron en el juicio estuvieron claros. Hubo dos focos de fuego, con llamas de hasta tres metros de altura que provocaron destrozos en el edificio legislativo, aún cuando había dentro de la casa policías y funcionarios «que se veían desde afuera», dice la propia jueza Tolomei en su fallo. Incluso Goodman reconoció haber llevado cubiertas para alimentar el fuego, en un vehículo del sindicato. A la jornada final se llegó con un pedido de cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo de la fiscal Florencia Gómez, y otro de tres años de prisión condicional solicitado por la defensa del sindicalista. La jueza optó por esta última pena, la más leve posible, más un curso de 30 horas de derecho y otras 50 de trabajo comunitario en la biblioteca legislativa para Goodman, quien justamente es maestro bibliotecario. El Ministerio Público Fiscal no podrá apelar, porque la sentencia es más de la mitad de la pena de 5 años que pidió la Fiscalía. Los gremios docentes y agrupaciones de izquierda y afines pasaron todo el juicio denunciando la «criminalización» de la protesta, e incluso criticaron la condena -leve- que le dieron a Goodman. Doble estándar, porque en verdad este fallo parece darles la razón a los que queman, destruyen, vandalizan, o incluso que cortan rutas. Fue un fallo a medida de los sindicatos y de una supuesta corrección política, y en contra de la vida diaria de la «gente común» que no pertenece a ninguna corporación y que cumple las reglas. Personas que además soportan la inseguridad, el vandalismo, las injusticias, los asaltos, la violencia doméstica, los problemas diarios, las crisis políticas y económicas y de valores, sin justicia que los proteja.

Lamentablemente y desde hace muchos años, en Chubut se ha hecho costumbre que las manifestaciones terminan muy mal. Durante la crisis salarial de 2019 ocurrieron estos incidentes y el incendio de la Legislatura. En un accidente de tránsito, murieron dos maestras volviendo de la protesta previa esa misma madrugada del 18 de septiembre. Antes, en 2018, un policía murió en una manifestación. Y empezó a hacerse costumbre el apedreo de edificios. Siempre que ocurre algo, los más violentos reaccionan destruyendo todo a su paso, público o privado. Ocurrió en cada manifestación desde hace años, con ataques a municipios, Casa de Gobierno, la Legislatura, ministerios, pasó con el Caso Maldonado, y con muchos más. La Justicia y la Policía no pueden hacer allanamientos anti-narco o lo que fuere en zonas conflictivas, porque son recibidos con lluvias de piedras.

Las instituciones de la democracia y sus símbolos no despiertan el más mínimo respeto entre los militantes más radicalizados. Lo de 2019 se repitió a fines del año pasado, con la sanción de la fallida zonificación minera. Destruyeron por completo la Casa de Gobierno y otros 11 edificios públicos. Se perdió material probatorio valioso de casos de corrupción. Aliados de la política local atacaron la Municipalidad de Trelew repetidas veces. Y finalmente produjeron el atentado criminal con bombas molotov contra EL CHUBUT, en un ataque incendiario que puso en peligro la vida de medio centenar de personas que estaban haciendo su trabajo esa noche. ¿Qué les espera a las personas, comerciantes, trabajadores, industriales, ciudadanos, cada vez que haya una de estas conmociones sociales? ¿Que están por su cuenta? ¿Que deberán defenderse como puedan, de cualquier cosa que pueda ocurrirles? ¿Que puede pasar una patota y prenderlos fuego, total luego entrarán a un tribunal por la puerta giratoria?

Los hechos del año pasado aún no llegan a juicio. Pero el fallo de la jueza Tolomei por el Caso Goodman es una suerte de «piedra libre» para que estos incidentes se repitan. La Legislatura y quienes estén adentro no pasarán indemnes en las próximas protestas, cuando ocurran. Ya se sabe que prender fuego a la Casa de las Leyes con policías adentro, no tiene un castigo real. Sólo un reto y unas clases de instrucción cívica.

La base del derecho es que somos iguales ante la ley. De hecho la jueza marcó en su fallo los «agravantes» que le cabían a Goodman por ser un alto dirigente gremial y por su instrucción. Pero luego justificó el enojo de los gremialistas por el atraso salarial. ¿Qué dirán en los juicios por los incidentes gravísimos del año pasado? ¿Que está bien demoler y quemar hasta los cimientos de una casa de gobierno, o intentar silenciar un diario y a sus periodistas a piedra, nafta y fuego, para «cuidar el agua»?

El fallo de la jueza Tolomei fue una sentencia liviana, culposa, temerosa del señalamiento de las organizaciones sindicales, acomodaticia con los gremios, que buscó «hacer como que» se castigaba, para sacar a Goodman libre por la otra puerta. Fue un fallo que pone en peligro a una enorme masa de ciudadanos y que les enseña a miles de chicos -que no tuvieron clases con normalidad por años enteros- que la Justicia es venal y a medida del cliente. Ahora la vida, la seguridad, las instituciones, la libertad de los ciudadanos, valen un poco menos que ayer. Esta vez, ganaron los que pueden prender fuego y destruir en nombre de reclamos y supuestos ideales, que se ve que pesan más que una constitución o que la seguridad de todos nosotros.