Un sector de la Justicia cuestiona la reforma del Código Procesal Penal

En este sentido, advirtieron que «los problemas de criminalidad de la provincia no se resolverán con reformas legislativas, sino con fiscalías y policías que trabajen mejor», remarcando que la reforma «va en el sentido exactamente opuesto, al facilitar la burocratización y la lentitud judicial; además, en forma velada, pretende vaciar de competencia al juicio por jurados, un retroceso manifiestamente inconstitucional».

«CONFUSA REDACCION»
Asimismo, las entidades firmantes señalaron que «la Legislatura de Chubut se apronta a tratar un proyecto que, en nombre de la lucha contra la inseguridad, sólo permitirá que jueces, fiscales y policías empeoren su desempeño», sumando a ello que «el verdadero objetivo de sus redactores no es la mejora de la seguridad o la reducción del crimen, sino la eliminación de los plazos procesales y la reducción de la carga de trabajo de los jueces».
«Chubut, pionera a nivel nacional en la disminución de los tiempos judiciales, cedería así ante la presión del órgano acusador, en detrimento del derecho de los imputados, de las víctimas y de la sociedad a tener una justicia rápida y eficaz. Para colmo, la reforma introduce en su artículo 5º (modificatorio del 71 del CPPCh) un velado intento de vaciar de competencias al juicio por jurados, al ampliar los juicios unipersonales. La confusa redacción del artículo podría habilitar a que la ciudadanía vea vedado su derecho a participar de la administración de justicia en la enorme mayoría de los casos. Este retroceso es inconstitucional: una vez que las provincias cumplieron con la triple manda constitucional de implementar el juicio por jurados, no pueden retroceder ni reducir su competencia», indicó el comunicado.

«DELITOS MENORES»
A ello, agregaron que «el Ministerio Público Fiscal no necesita extender los plazos de sus investigaciones, sino investigar mejor». Y detallaron que «en jurisdicciones como Trelew, el MPF judicializa apenas el 10% de los casos que le ingresan, y de los casos judicializados, el 21% corresponde a ‘tentativas de hurto en supermercados’», en relación a las cifras compartidas por el defensor público Sergio Rey esta semana. «Es decir, delitos menores, fácilmente prevenibles y cuya persecución penal no afecta los mercados criminales que explican los verdaderos problemas de inseguridad de la provincia», manifestaron.
Por último señalaron que «lo único que estaría haciendo el Gobierno con esta ley sería conceder al Ministerio Público Fiscal y a los demás actores la excusa ideal para que sigan sin hacerse cargo de sus problemas de funcionamiento; si se aprueba, en unos pocos meses la realidad demostrará la inutilidad de esta reforma y, con suerte, en ese entonces el Gobierno aceptará que el problema no está en la ley, sino en las prácticas».