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Fiscalía pidió tres años y medio de prisión para Torres Otarola e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

En horas de la mañana de ayer se desarrolló la audiencia de cesura de pena en la denominada causa «ñoquis calientes», donde la Fiscalía solicitó para la exdiputada provincial y exministra de Familia de la provincia, Cecilia Torres Otarola, la pena de tres años y medio de prisión, más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y devolución de los montos de perjuicio provocados a la administración pública. Para los otros 4 acusados hallados culpables, se solicitaron dos años de prisión en suspenso. La condena, se conocerá en febrero.
 

por REDACCIÓN CHUBUT 08/01/2025 - 00.00.hs

En la víspera se realizó la audiencia de cesura de pena en este resonante caso, tras haberse conocido el veredicto de culpabilidad en el juicio oral y público correspondiente, donde el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez, solicitó para los acusados hallados culpables condenas que van de los dos a tres años y seis meses de prisión.
Torres Otarola, fue hallada culpable en cuatro hechos de delito de fraude a la administración pública y tres de exacciones ilegales, por el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores, mientras que las restantes personas con el veredicto de culpabilidad lo fueron por el delito de defraudación a la administración pública.
Para Silvana Cañumil, quien cumplió funciones como directora general, se solicitó dos años de prisión en suspenso más adicionales y costas y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, con reglas de conducta como presentarse en sede judicial en forma trimestral hasta la realización de determinados cursos, además de la devolución del monto del perjuicio ocasionado.
Para los otros tres acusados encontrados culpables, los cuales se desempeñaron en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, el pedido del fiscal fue por dos años de prisión en suspenso, con adicionales y costas, como partícipes necesarios respecto del fraude a la administración pública, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, reglas de conducta y la devolución de montos percibidos en su momento en concepto de haberes.
Quienes integran el tribunal de enjuiciamiento, la doctora Marcela Pérez Bogado y los doctores José Ennis y Carlos Richeri, informaron que tomarán el plazo legal para emitir sentencia, lo que ocurrirá seguramente durante el mes de febrero, dado que mientras dura la feria judicial se encuentran suspendidos los mencionados plazos.
 

 

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