La remoción de una jueza penal de Comodoro reavivó el enfrentamiento entre el Gobierno y un sector de la Justicia

El caso no demoró en repercutir hacia el interior de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCh), entidad que directamente lanzó cuestionamientos al Ejecutivo. «La confirmación del apartamiento del cargo de la magistrada, por parte del Superior Tribunal de Justicia, agrava la afectación institucional que se denuncia, atentatoria del ejercicio de la jurisdicción de los jueces y juezas penales y del derecho de los justiciables a que se respeten las garantías de juez natural, imparcialidad e independencia judicial interna y externa, contenidas en las cartas magnas citadas y los pactos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país», escribió el bloque judicial, que ya exhibió críticas reiteradas al Gobierno por la eliminación de los fueros, entre otras batallas públicas. 
Resulta que Arcuri, en su momento, cuestionó las condiciones de los distintos centros de detención, donde dejó al descubierto falta de calefacción, colchones no ignífugos, presencia de roedores, fallas en la alimentación y atención médica de los reos, entre otras cuestiones. 
La jueza, consumada su remoción, advirtió al titular de la corte la «gravedad» de la interferencia del Poder Ejecutivo en asuntos que «atañen a este Poder Judicial. En otro apartado de la misiva, Arcuri escribió que la determinación adoptada «afecta la independencia judicial»; incluso «ocho jueces» de la circunscripción judicial pronunciaron que su apartamiento es un «acto administrativo inválido de pleno derecho, que no tiene efecto por prevenir de órgano incompetente, y que no puede ser instrumentado». 

DESCONOCIMIENTO
En el escrito, la jueza penal apartada indicó que lo ocurrido «desconoce el sistema de control y equilibrio propio del orden constitucional, pues no puede el Poder Ejecutivo generar una intromisión de esta naturaleza en la labor judicial». En consecuencia, «considero que estamos ante un conflicto institucional de suma gravedad, ya que se está desconociendo la competencia de la suscripta en la intervención designada conforme los únicos caminos legales regulados a consecuencia de la división de poderes de una república. Lo que se busca es asegurar la vigencia de la Constitución Nacional, en tanto marco normativo supremo que rige la actuación de todos los poderes del Estado».
De acuerdo con lo escrito por la magistrada, se «obstaculizó el legítimo ejercicio de las facultades propias de la jurisdicción»; ante ello pidió que «se preserve el respeto institucional». 

MAGISTRADOS EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA
Mediante nota, la Asociación de la Magistratura y Funcionarios Judiciales de Chubut se pronunció sobre el particular:  «La confirmación del apartamiento del cargo de la magistrada, por parte del Superior Tribunal de Justicia, agrava la afectación institucional que se denuncia, atentatoria del ejercicio de la jurisdicción de los jueces penales y del derecho de los justiciables a que se respeten las garantías de juez natural, imparcialidad e independencia judicial interna y externa, contenidas en las cartas magnas citadas y los pactos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país»., concluyó.,