La fiscal Gamarra aseguró que en la causa «Pollos de papel» había una «connivencia delictual»

Gamarra explicó que la audiencia comenzó el 17 de octubre, debió suspenderse y recién pudo completarse este jueves, con el resultado de formalizar la apertura de investigación en denuncia de los siete imputados». Además, indicó que la causa fue declarada de «caso complejo», lo que otorga un plazo de investigación extendido. «Nosotros lo solicitamos y los defensores no se opusieron, así que el juez resolvió otorgarlo», señaló.
Aunque la causa cuenta con numerosos allanamientos y medidas realizadas desde la denuncia, la fiscal advirtió que todavía resta un volumen significativo de trabajo. Entre las tareas pendientes mencionó el análisis de telefonía celular de los imputados. «Eso lleva tiempo: primero extraer la información y luego analizar comunicaciones, llamadas, todo el contenido», afirmó. También remarcó que sigue en proceso la revisión de la gran cantidad de evidencia documental secuestrada: «Son volúmenes grandes de documental».

EL CIRCUITO DE LA CARNE Y LOS POLLOS
Gamarra describió el mecanismo que investiga la Fiscalía, basado en la entrega habitual de carne y pollos por parte de proveedores, que luego era «regularizada» mediante expedientes fraguados. Según explicó, la mercadería efectivamente se entregaba, pero los volúmenes reales eran muy distintos a los que luego se justificaban en la documentación oficial.
«Había una connivencia delictual para darle una forma después. Cuando se hacían deudas tan grandes, decían: ‘¿cómo solucionamos esto?’ Entonces se armaban contrataciones públicas», señaló. Contó además que la mercadería tenía múltiples destinos: «Desde reuniones con integrantes del gobierno -que incluia a veces al entonces intendente Maderna- hasta entrega a clubes barriales». Sin embargo, puso énfasis en la desproporción entre lo entregado y lo registrado: «Al club de abuelos se le daba una cantidad ínfima de cajas, tal vez diez por semana, mientras que en los expedientes aparecían 1.600 cajones».
Relató también que los funcionarios coordinaban a diario pedidos directamente con los proveedores: «Les avisaban 20 cajones para hoy, tantos kilos de carne, retira tal persona. Era una habitualidad delictiva», afirmó. Según la fiscal, estos intercambios están respaldados por comunicaciones recuperadas en el expediente: «Textual, los funcionarios les preguntaban: ‘¿cuánto te debemos hasta el momento, para armar el expediente?’».
Gamarra destacó que el depósito municipal no tenía la capacidad física para recibir los volúmenes que figuraban en los documentos. De tres cámaras frigoríficas, dos no funcionaban y estaban en desuso, mientras que la única operativa solo enfriaba, pero no congelaba.

LOS DELITOS IMPUTADOS
La fiscalía imputó a los exfuncionarios los delitos de defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública y negociaciones incompatibles, entre otros. «Los funcionarios participaron en negociaciones donde no deben interesarse, porque tienen el deber de proteger y dar transparencia a la función pública», señaló.
A los proveedores se les atribuye además la falsificación de documentos, ya que confeccionaban facturas y remitos con contenido falso para justificar la mercadería supuestamente entregada. «Firmaban remitos por cantidades que no eran reales», explicó Gamarra.
Consultada por posibles salidas alternativas al proceso, Gamarra fue clara: los exfuncionarios no pueden acceder a probation, por su condición de empleados públicos. Los proveedores, en cambio, sí podrían solicitarla, aunque ello dependerá del avance de la investigación y del dictamen final de la Fiscalía.