Cooperativas Servicios públicos y futuro

Ante el extendido cuadro de situación, que muestra el sector de los servicios públicos prestados por cooperativas, inmerso en crisis en varios aspectos, cabe preguntarse qué sucedió, para llegar al actual escenario de intervenciones, veedurías y cooperativas despreciadas por sus propios socios.

Sin dudas, la principal causa de esto, ha sido la falta de control, que no solo es responsabilidad de la fiscalización pública y privada que establece la ley, también ha sido y es responsabilidad de la provincia y especialmente, de los municipios concedentes 

Hace un tiempo escribí a cerca del fracaso comprobado, de los síndicos y comisiones fiscalizadoras, transformados en simples apéndices inútiles de los consejos de administración, verdaderos cómplices de todos los desastres y de estas calamidades sin límite, que deben soportar los asociados usuarios de los servicios públicos de cada entidad. Lamentablemente, se suman en este resultado negativo y de altísimo perjuicio para todos, los auditores externos, que, en su mayoría, no han estado profesionalmente a la altura de las circunstancias, porque no han sido totalmente independientes en su opinión, o directamente han elaborado con inconsistencia sus informes profesionales.

A este repaso se debe sumar, asimismo, la falta de control e incumplimiento a lo dictado por marcos regulatorios y contratos, a las disposiciones de la LDC, Ley de defensa del Consumidor, todo lo cual incluye también a los entes reguladores, tanto el provincial como los que existen a nivel municipal, pobres en sus informes y tarea desarrollada, convirtiéndose en oficinas productoras de opinión y algún dictamen, recomendaciones tibias y no pocas veces, poco fundadas o fuera de oportunidad.

Pero indudablemente, corresponde a los poderes políticos, la mayor y más clara responsabilidad porque son los designados legalmente para garantizar los servicios públicos, (con eficiencia y tarifas razonables) y ninguna otra entidad, empresa u organismo tiene tan claramente definida su obligación, porque de esto se trata: es ineludible, no es una elección, no tienen opción, y entonces resulta extraño advertir, como un relajamiento en las actuales autoridades y diría que un complaciente optimismo, al pensar que estas intervenciones, veedurías y este verano pasado de novedades con la Cammesa y el INAES, sumado a  algunas declaraciones políticas del momento, han creado  un resultado que pondrá a las cooperativas a prestar bien los servicios públicos, a ordenarse institucionalmente y a tomar un camino distinto para brindar al vecino usuario un servicio como corresponde, pagando las cuentas y trabajando ordenadamente.

Sabemos que no hay nada más imparcial y equitativo, que el paso del tiempo, repartido igualmente para todos y todo. Pero también es irrefutable, que el tiempo es inexorable, todo pasa y todo llega. Una de las intervenciones ya finaliza, y así vencerán las otras pasantías legales o como quieran llamarlas.
Pero a al final, la provincia, los Intendentes y los consejos deliberantes, el golpeado usuario, recibirá y se encontrarán nuevamente con la misma cooperativa, las mismas situaciones y muy probablemente los mismos actores o muy parecidos. Todo esto, porque no se ha actuado de acuerdo a esta crisis de raíces más profundas que lo económico y financiero, y no se toma la decisión de cambiar la forma de prestar los servicios públicos.

Quedaran los mismos nuevamente, a la suerte, con este sistema de cooperativas que ha mostrado manifiestamente su fracaso, o quizá, se animara de una vez la política, a producir los tan pregonados cambios «a favor de la gente», o seguiremos con estas entidades ineficientes, que no cumplen ni siquiera con sus estatutos, con la ley, con sus asociados, o acaso se animará la política a concretar una reforma en serio en Chubut, para la distribución de los servicios públicos.