Servicios públicos y Cooperativas: Pensar otra cosa

Según los estudios del Observatorio Económico de la Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de los servicios públicos con respecto al salario mínimo pasó del 6,1 por ciento en 2015 al 26,0 por ciento en enero de 2019. Y recientes estimaciones afirman que este porcentaje se ha elevado a más de 35%.

Solo este dato, debería preocupar un poco más, a quienes tienen entre sus responsabilidades la obligación de velar por la prestación de los servicios y comprometerse a mejorar la gestión de los mismos que, en nuestra provincia en particular, transitan por un camino de crisis sin fin, que no parece tener la debida atención por parte de los actores maá comprometidos.

Asimismo, a nivel de las posibilidades legales y de trasformaciones necesarias para intentar una recreación de las cooperativas de servicios públicos que, «desde adentro» busquen su propio cambio, no hay muchas expectativas, y las propuestas de reformas a la Ley que arrancaron por el año 1983 con un intento más concreto en los años 2004 y 2009, han quedado postergadas, casi olvidadas. Una publicación reconocida del ámbito cooperativo manifestaba entre varios temas,... «La modificación legal es promovida por directivos de cooperativas de servicios públicos, para quienes la persistencia de un clima electoral permanente dificulta el funcionamiento social»

Este, es uno de los inconvenientes que no pueden resolver, de la perniciosa democracia indirecta, con asambleas distritales, que en los hechos abre la brecha entre asociados y cuerpos directivos, con una realidad en la que los delegados, terminan siendo cómplices obedientes de los consejeros, y no de sus representados. Esto también ha llevado a un debate sin solución sobre la duración de esos mandatos que, desde el sector, pretenden aumentarlos a dos años o más, y también prolongar los mandatos de consejeros, manteniendo las reelecciones, todo a contramano de las demandas de quienes quieren ver cambios con resultados.

El sector de servicios públicos es, por su importancia económica, fundamental para quienes intentan conservar, por una parte, los principios y la doctrina, pero también, responder a las demandas de sus asociados, que son los usuarios que sostienen con cada pago a las cooperativas. Parecen no advertir que, la gestión cooperativa ha caído en el fraude a sus principios y que no pueden sostenerse en un ámbito monopólico con una ley y estatutos que no sustentan las buenas prácticas, todo lo contrario, han permitido según palabras de sus propios dirigentes y estudiosos «la infiltración de lo peor de la política criolla». 

Los inconvenientes descritos, más los problemas de tarifas, capitalización y obras, entre otros más, han sido y son de tal envergadura, que inclusive se ha llegado, a poner en estudio una propuesta de crear cooperativas de servicios públicos con participación estatal. 

En las tribunas de la economía social y cooperativista, con análisis que van desde las viejas proclamas de «Capitalismo vs. Cooperativismo» pasando por la defensa del mutualismo irrestricto, puertas adentro, saben muy bien que el cooperativismo de servicios públicos, tanto como el cooperativismo creado por el estado, son postemas en el rostro del sector. Estas entidades posibilitan una simbiosis peligrosa, porque no reproducen virtuosamente los principios declamados en el movimiento y en la ley.  Cual invasores, lo más variopinto de la política y sus conexos, se alojan en el sistema, para aprovecharse del mismo, a expensas de las fáciles posibilidades que ofrecen la falta de participación, información, control y renovación democrática.     

Como ya me he expresado, en Chubut pronto, pasarán los veedores e interventores, y al fin, con la misma ley, los mismos estatutos y seguramente los mismos actores, volverán para tomar estos monopolios atrás de nuevas correrías. Nada indica hasta aquí, que estén estudiando, los que deben hacerlo, que harán con las concesiones, y con objetivos claros, sobre todo, insisto, con el sector del servicio eléctrico, donde más colisiona el desactualizado monopolio cooperativo con las leyes de regulación, los entes reguladores, la ley de defensa del consumidor y el bolsillo del usuario.   

En este caso, no solo la situación económica del país y la provincia, han creado esta realidad, también la ley.  Esto es lo que ha sucedido con las cooperativas de servicios públicos en todas las provincias, en las grandes y chicas, con algunas excepciones meritorias, que confirman la regla, pero al fin, hay un común denominador como resultado de años de mala fiscalización, complicidad política, falta de presencia de los órganos de control y controles laxos, y por supuesto desinterés de los propios asociados. 

La inacción generalizada que prevalece en el sector de distribución domiciliaria de los servicios, contrasta con los grandes proyectos de energía y propuestas futuristas que mantienen ocupados al sector político, que también son necesarios y bienvenidos, pero, faltan acción y gestión para el futuro de las prestaciones domiciliarias, que necesitan de la atención del estado en general, porque están en la puerta de cada vecino de Chubut.