Manifestantes antimineros perdieron un juicio y los honorarios los deberá pagar el Estado porque se declararon insolventes

El fallo de los jueces Laura Martini y Javier Allende se dio a conocer el viernes antes de la feria judicial de invierno y determinó que a raíz de que tres de los manifestantes son insolventes económicamente los costos del juicio deberán ser afrontados por el Estado. El cuarto denunciante sólo pagará un 30 por ciento de lo que le correspondería abonar.

LA DENUNCIA
El caso se inició el año 2023 a partir de una denuncia por exceso policial por parte de Roberta Gogorza, Noelia Silva, Juan Salvador Gigirey y Jairo Epulef, todos miembros del colectivo «No a la Mina». Los mencionados fueron detenidos tras intentar escrachar a diputados provinciales cuando se retiraban de la Legislatura. Los hechos ocurrieron frente a la salida de la cochera de Diputados sobre la calle Roberto Jones. Un cordón policial intentó evitar la agresión y hubo empujones, golpes y finalmente la detención de cuatro de los involucrados.
A juicio fueron llevados cuatro efectivos policiales por el delito de vejaciones. Durante el transcurso del debate las imágenes de las cámaras de seguridad de la Legislatura, el ISSyS y la estación de servicio ubicadas en el lugar permitieron determinar que el accionar policial fue ajustado a derecho y que el mayor grado de violencia lo habían generado los denunciantes, incluso pateando la cabeza de uno de los policías, el que se desmayó antes de llegar al Hospital Santa Teresita.

JUICIO Y HONORARIOS
La jueza del caso Karina Breckle resolvió la absolución para los cuatro policías que fueron defendidos por la abogada particular Gladys Olavarría y el defensor público Miguel Moyano. En la resolución ya la magistrada había regulado los honorarios de cada uno de los letrados en 200 jus (equivalente a unos 10 millones de pesos) y que debían ser afrontados por los denunciantes en un 60 por ciento y el 40 por ciento restante por el Estado.
El que llevó el fallo a revisión de la jueza Breckle fue el abogado de la Defensa Pública Omar López en representación de los cuatro manifestantes al considerar la suma regulada «alta y exhorbitante» y por ser «imposible de pagar» para sus clientes, dada la condición económica que atraviesan. López pidió la eximición total del pago de los honorarios para sus defendidos.
En la audiencia donde se discutió el tema la abogada Gladys Olavarría desistió de percibir sus honorarios de parte de los denunciantes y tras realizar un exhaustivo informe socio económico de los involucrados concluyó en que el costo debía ser afrontados por la Defensa General. 
Finalmente, los jueces Martini y Allende ratificaron la regulación de los honorarios en 200 jus para cada defensor, pero determinando que el Estado Provincial deberá hacerse cargo del pago casi total, ya que una mínina parte recaerá en uno solo de los manifestantes.
El fallo dejó una duda y quizás la principal: el Código Procesal Penal cuando establece que las costas deben ser afrontadas por el Estado «no especifica qué organismo debe hacerse cargo».