El derrame en la laguna Chiquichano «podría ser un hecho a investigar»

En marzo de este año, la Procuración General creó por Resolución 58/25 la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales y Derecho Animal. El organismo está dirigido a investigar delitos vinculados con la crueldad y el maltrato animal, y el impacto ambiental en la fauna doméstica y silvestre. 
La unidad propone «una respuesta más eficiente de la justicia penal en la provincia». Incluso para su funcionamiento, de acuerdo a lo que decidió en ese momento, «se destinó personal especializado y una significativa inversión en infraestructura y locación». 
En aquella presentación pública, canalizada incluso por vías oficiales, quedaba afirmada la respuesta con «acciones concretas» por parte de la Procuración a «la creciente demanda social en torno a la protección ambiental y el bienestar animal, reorganizando los recursos humanos disponibles y reafirmando el rol constitucional del Ministerio Público Fiscal».           
De acuerdo a lo relatado por el jefe de fiscales, la unidad de reciente conformación «está funcionando bien y con el tiempo irán mejorando. Estamos funcionando con lo que podemos. Suceden circunstancias, por ejemplo, el secuestro de 50 perros salchichas en Puerto Madryn que nos generan algunas dificultades a punto tal que no es lo mismo secuestrar un arma que va a la oficina judicial, que secuestrar un ser vivo, de cual alguien se tiene que hacer cargo». 
«Estamos tratando de aceitar ese mecanismo para que cada vez funcione mejor», manifestó Miquelarena.