Servicios Públicos - La culpa es del usuario
Miguel Gauna Lavayen
por REDACCIÓN CHUBUT 10/01/2026 - 23.25.hs
Patricio Cosentino en un artículo titulado, «El tratamiento de los servicios públicos domiciliarios en la Ley de Defensa del Consumidor» ha manifestado: «No dejan de representar un problema las disonancias entre lo que nos dicen las reglamentaciones específicas de los servicios públicos, y las obligaciones que impone el estatuto de consumo.
Es decir, que más allá de las complejidades propias que tiene la provisión del servicio público (por el volumen de usuarios o por la permanencia obligada), las concesionarias suelen atenerse a las disposiciones administrativas que regulan el servicio (suelen ser más específicas, direccionadas a lo técnico, y menos a los deberes de las distribuidoras o concesionarias) y no a las obligaciones legales a su cargo».
Creo que efectivamente es así, a la luz de las experiencias cotidianas y todos los inconvenientes que se generan diariamente para los usuarios de la mayoría de los servicios públicos en todos los ámbitos y cualquier actividad que tomemos para analizar.
Particularmente, por estos días, los escases de agua potable han complicado las actividades y acciones de la gran mayoría de usuarios en todo el ámbito provincial y así, vamos viendo desde la suspensión prudente de eventos y fiestas, a recomendaciones escuchadas cientos de veces a través de los años respecto al uso y consumo que, debe aclararse, no son la misma cosa.
En este escenario como digo, tantas veces repetido, hay que preguntarse dónde empieza y termina cada responsabilidad y hasta donde van las culpas de las cooperativas distribuidoras y los poderes concedentes, teniendo en cuenta que estamos atravesando un ciclo de condiciones adversas meteorológicamente hablando, que nadie puede asegurar de forma terminante cuanto durara y que tan grave serán las consecuencias.
Pero pocos revelan y denuncian, que esta situación no ha sido prevista, ni estudiada debidamente, desde las áreas y organismos responsables y las entidades que tienen la concesión a su cargo para la prestación del elemental servicio. Falta de proyección y planificación. Años y años de bajísimas inversiones, poca reposición y mantenimiento mínimo, sumándose las pésimas gestiones, que muestran desenfrenados gastos incompatibles con la infraestructura que tienen a su cargo de la que depende el suministro y la respuesta al usuario que demanda y paga el servicio.
La generalidad, equidad en la prestación, Continuidad y regularidad obligatoria, Adaptabilidad y finalmente tarifa razonable, son las características obligatorias e ineludibles, que debe reunir un servicio, principalmente si se trata de agua potable. Y si bien es cierto y absolutamente comprobable, que el clima esta influyendo de forma determinante en la disposición del agua, no es menos cierto y probado, que cada verano desde hace mucho tiempo el escenario es similar, ahora agravado como digo, por la falta de precipitaciones estacionales, pero, la falta de inversiones, la ausencia total de políticas de prestación y comercialización eficientes, están también a la vista.
Por ejemplo, poco se ha hecho para ir dejando de lado finalmente el nefasto sistema de consumo presunto, y tampoco se ha invertido debidamente para una política de macro medición eficiente que permita el conocimiento en la captación de caudales asociados a la geografía, caudales de consumo por condición de usuario y horarios.
Paralelamente las obras determinantes para captar, almacenar y tratar el agua para consumo, tardan y han tardado décadas en concretarse con las consecuencias inevitables que causa la demografía y los cambios de hábitos, e incorporación de consumos tecnológicos como los lavarropas y recreo como las piscinas. En fin, es muy larga la lista, pero este es el pantallazo general que abarca todo el arco de un suministro elemental que en la mayoría de las ciudades y pueblos está obsoleto tecnológicamente y sub-invertido para niveles de consumo crecientes en circunstancias razonables o no.
Por último y aceptando que no todo es responsabilidad de autoridades actuales, el tiempo corre y debe entenderse que estas cuestiones superan a gobiernos y funcionarios, gestiones y periodos, por eso, hay cosas que deben encararse de forma continua y posibilitar, por ejemplo, de inmediato, que los marcos regulatorios y jurídicos de los contratos de concesión sean revisados y aplicados. Hay inclusive, reglamentos vigentes que autoexculpan a las prestatarias de responsabilidad frente al usuario con «lindezas» como estas: ...»
La Cooperativa en ningún caso será responsable ante el usuario por los perjuicios que puedan ocasionarse por interrupciones o cualquier accidente que pudiera acontecer en la red de distribución». A esto me refiero cuando reiteradamente digo que las cooperativas no han querido y no han sabido adaptarse y ajustarse en general frente a la ley, particularmente la LDC de defensa del consumidor, sus responsabilidades y por supuesto, las explicaciones más fáciles, y que siempre están a mano, cargan directamente las culpas al usuario y finalmente, echar mano también a prohibiciones y castigos punitivos, porque la culpa es de los usuarios, íquien puede discutirlo!
Leyendo balances de las cooperativas, podrá advertir cualquier vecino la propia responsabilidad y culpa de las distribuidoras que gastan licenciosa y lisonjeramente en lo que creen que son buenas administraciones y no en pocos casos los gastos de los órganos de administración superan ampliamente los mantenimientos de los servicios, ni hablar de las inversiones que si no fuera por la intervención del Estado nacional, provincial y municipal, además de los propios usuarios interesados, que construyen parte de redes y las ceden, estaríamos en peor situación aún de la que estamos.
Exculparse, buscar únicamente causas y culpas en el usuario consumidor, en el tiempo y la naturaleza, y la explicación fácil, para pretender justificar vanamente lo que no pueden justificar, es el camino contrario al de las soluciones, más aún, tratándose de empresas con monopolios absolutos, garantizados por el propio Estado.
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