La fiscal Julieta Gamarra allanó a Carpintero por presunto intento de instar al caos en el inicio de clases
La titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, aseguró que se realizó una serie de allanamientos en Trelew en el marco de una investigación por un presunto intento de generar un conflicto gremial para impedir el inicio de clases en Chubut. La causa involucra al exfuncionario Gonzalo Carpintero, quien actualmente se desempeña en una empresa pesquera ubicada en el Parque Industrial Liviano de la localidad.
por REDACCIÓN CHUBUT 11/02/2026 - 20.42.hs
En diálogo con FM EL CHUBUT, la fiscal explicó que todo comenzó a partir de la denuncia del secretario general de ATE, José Severiche. «Recibimos una denuncia en la unidad de un dirigente gremial que manifestaba que la persona de Gonzalo Carpintero lo habría citado a una reunión y le habría ofrecido dinero, un resarcimiento económico, con el fin de que él, desde su lugar y desde sus funciones, pudiera generar un conflicto de entidad suficiente como para que no inicien las clases en la provincia del Chubut», indicó.
A partir de esa presentación, se solicitaron medidas judiciales. «En base a esa denuncia, que la terminamos de ampliar el día lunes, es que el martes ya presentamos pedidos de allanamiento. El objetivo de los allanamientos era poder secuestrar teléfonos celulares y el DVR de un inmueble donde funcionan varias oficinas, que es donde se habría realizado la reunión», detalló.
En cuanto a los procedimientos, Gamarra dijo que «pudimos secuestrar el teléfono de Carpintero, a él lo interceptamos en la vía pública, en la ruta, y pudimos secuestrar el teléfono de otra persona que funcionó como intermediario para generar esta reunión y además estuvo presente en la reunión. También pudimos secuestrar el DVR del lugar, así que todo salió muy bien».
La fiscal remarcó que el denunciante es José Severiche, «que es el secretario general de ATE», confirmó, y explicó que el dirigente amplió su testimonio el lunes, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales.
En cuanto al objetivo de la investigación, señaló: «Ya habíamos realizado algunas diligencias previas al pedido de allanamiento, que era constatar cámaras de seguridad de las inmediaciones, y efectivamente en el día y hora que él denuncia, él fue a ese lugar a bordo del vehículo que refirió. Pero queremos ver los otros extremos, que es información que eventualmente podemos obtener de los teléfonos».
Sobre la posible figura penal, indicó que «en principio pensamos en un cohecho. Es un delito contra la Administración Pública, en este sentido, de afectar claramente el normal funcionamiento, pedirle a alguien que haga algo a cambio de darle un dinero».
La fiscal también señaló que, según la denuncia, la intención habría sido perjudicar al Gobernador. «En la denuncia es claro cuando dice que la intención de Carpintero era generar un daño o afectar de forma tal al Gobernador. Quería generarle un perjuicio al Gobernador, y de la forma que quería lograr aquello era que no iniciaran las clases».
Además, confirmó que hay una tercera persona involucrada como intermediario. «Hay una persona que nosotros le secuestramos su teléfono, que no es una persona denunciada, sino que ha intervenido en lo que fue esta coordinación, porque tiene algún tipo de vínculo con Severiche. Fue quien intervino para concretar la reunión y además participó de esa conversación».
En relación con las pruebas, destacó la importancia del material secuestrado. «Nosotros pudimos secuestrar los DVR, que es superimportante porque estaban en funcionamiento. La reunión sí se hizo y lo vamos a poder obtener cuando analicemos ese DVR».
La reunión denunciada habría ocurrido el miércoles pasado por la mañana. «La reunión fue el día 4, entre las 10 de la mañana aproximadamente, en estas oficinas de calle Cacique Chiquichano al 1500 de Trelew», precisó.
Finalmente, Gamarra explicó los próximos pasos de la causa: «A la apertura de investigación vamos a llegar si encontramos elementos suficientes que nos permitan avanzar en una imputación, que sería la información que obtengamos de los teléfonos. Si podemos corroborar los hechos y encuadrar una calificación jurídica, el paso siguiente es la apertura de investigación».
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