El Consejo de la Magistratura «no puede actuar de oficio aunque podría evaluarse en su revisión de gestión»

La presidenta del Consejo de la Magistratura de Chubut, Lucía Petinari, explicó que el organismo no puede intervenir de oficio ante el escándalo generado por la difusión de un video en el que se menciona a la fiscal Julieta Gamarra, aunque aclaró que el episodio podría ser considerado dentro de la evaluación de desempeño que actualmente se realiza sobre la funcionaria judicial.
En declaraciones a LU20, Petinari detalló que el funcionamiento del Consejo está reglado y sólo permite iniciar investigaciones a partir de una denuncia formal.
«El Consejo de la Magistratura no actúa de oficio. No es que actúa porque se entere de que algún magistrado tiene alguna falta ética, algún desconocimiento del derecho o alguna cuestión delictual. Actúa a través de una denuncia formal que debe ser ratificada, y luego una comisión de admisibilidad de esa denuncia le da viabilidad o no», explicó.
Según precisó, sólo después de ese procedimiento puede iniciarse un sumario para analizar si existen causales de mal desempeño, desconocimiento del derecho o la eventual comisión de un delito.
En ese sentido, indicó que en el caso que generó fuerte repercusión pública la única que puede ser denunciada ante el Consejo es Gamarra, porque es la magistrada, pero sin una presentación formal el Consejo no tiene facultades para avanzar con una investigación disciplinaria.
Sin embargo, Petinari aclaró que la situación podría ser analizada dentro del proceso de evaluación institucional que el Consejo realiza a los magistrados que cumplen tres años desde su designación.
«En este caso puntual la doctora Gamarra está siendo evaluada por el Consejo de la Magistratura por sus tres años de ejercicio en su rol. Cuando un magistrado se designa y asume su cargo, a los tres años el Consejo evalúa su funcionamiento y determina si es satisfactorio o insatisfactorio», señaló.
La titular del organismo explicó que ese procedimiento es habitual para todos los funcionarios judiciales que recién ingresan al sistema y que, una vez confirmados en el cargo, ya no vuelven a atravesar evaluaciones de este tipo durante su gestión.
«Al que juró y estuvo tres años se lo evalúa. Cuando queda confirmado ya no se lo evalúa más durante su gestión como magistrado», explicó.
Petinari indicó además que el análisis del desempeño es integral y contempla distintos aspectos del trabajo del funcionario judicial.
«Vamos a evaluar toda la actuación de la doctora: cuántas licencias se tomó, cómo se llevaba con los empleados, si tiene algún sumario en trámite. Se hace una evaluación íntegra. Y esto que surge también va a ser evaluado, claramente», afirmó.
Según explicó, la revisión no la realiza el pleno del Consejo, sino una comisión evaluadora integrada por cuatro consejeros, que es la encargada de analizar el desempeño de cada magistrado durante sus primeros tres años de ejercicio.
«No es que se sienta el pleno a debatir lo que les pasa a los magistrados. Lo analiza una comisión evaluadora de cuatro consejeros y luego esa comisión le eleva al pleno el informe con lo relevado de los tres años de cada magistrado que está siendo evaluado», detalló.
Durante la entrevista en LU 20 también se refirió al proceso judicial que podría iniciarse a partir de la denuncia presentada por el procurador general Jorge Miquelarena, quien también acudió a la Justicia invocando el artículo 68 de la Constitución provincial para ejercer su derecho de vindicación.
En ese marco, Petinari señaló que será la Justicia penal la que deberá determinar si los hechos que aparecen en el video constituyen o no un delito.
«El hecho objetivo es una sola persona recibiendo el dinero de otra persona y hablan de otras personas. Entonces hay que ser cautelosos y cuidadosos», sostuvo. En esa línea, planteó que la investigación deberá profundizarse para analizar todas las aristas del caso y establecer responsabilidades.
«No puede ser liviana la investigación. Creo también que el Colegio de Abogados de la ciudad de Trelew va a tener que intervenir en términos de lo que manifiesta un abogado para con una representada o madre de un representado. Hay que investigar varias aristas», advirtió.
Finalmente, expresó su indignación frente a la situación y consideró que cualquiera sea el resultado de la investigación el episodio deja un escenario preocupante.
«Me indigna. Si es real es un gran problema, y si no es real también, porque es muy fácil de esta manera ensuciar a un magistrado o a un funcionario. De cualquier lado que lo vea me indigna», concluyó.