Fiscal Rodríguez aseguró que en la causa por los «12 millones» se investiga un «presunto cohecho»

En declaraciones a LU 20, Rodríguez explicó que, a primera vista, el contenido del material audiovisual permite inferir la posible existencia de ese delito. «Así, con lo que se ve, es un presunto cohecho, a primera vista. Es decir, hay una tercera persona, que sería un abogado, que solicita plata para que un funcionario haga o deje de hacer algo relativo a la función», señaló.
El fiscal detalló que el cohecho se configura cuando se paga a un funcionario público para que realice, retrase o deje de hacer algo vinculado con su tarea.
«Es un contrato ilícito en donde se le paga a un funcionario, que no se le debería pagar nada, para que haga, retarde o deje de hacer algo relativo a la función», explicó.
Rodríguez describió que en las imágenes que circularon se observa al abogado Martín Castro recibiendo dinero de una mujer, mientras que el contenido del video sugiere que ese dinero no sería para él, sino para un funcionario que debería intervenir en la causa judicial.
«El video lo que muestra es que recibe alguien plata, pero esa plata surge o se deja entrever que no es directamente para el que la recibe, sino para quien va a hacer algo respecto o relativo a su función, que es justamente la fiscal, haciendo una acusación conveniente a los intereses del imputado», indicó.
No obstante, el fiscal aclaró que la parte del material donde se realizan vinculaciones entre distintas personas carece de valor probatorio y responde más bien a interpretaciones.
«En la primera parte se observa a un abogado embolsando plata y a una mujer que se la entrega. En la segunda parte se hace una serie de vinculaciones entre distintas personas que, para mí, no tiene ningún valor, más allá del impacto que produce», sostuvo.
El fiscal también consideró posible que la filmación haya sido realizada por la propia persona que entregaba el dinero para dejar constancia del pago. «Pareciera como que se quieren asegurar que la plata la entregaron y de otra manera, de manera subrepticia, están haciendo esta filmación», comentó.
Rodríguez remarcó que, ante la gravedad institucional del caso, la investigación resulta imprescindible no sólo para determinar si existió delito, sino también para despejar responsabilidades y preservar la credibilidad del sistema judicial.
«Es muy grave un hecho en el que se invoque a funcionarios, en este caso a una fiscal. Si hubiera sido falso, si hubiera sido una venta de humo por parte del abogado, también es gravísimo y seguramente puede tener consecuencias», advirtió.
En ese sentido, sostuvo que el impacto del episodio afecta directamente la imagen pública de la Justicia. «Nosotros tenemos una malísima imagen, con responsabilidad exclusiva nuestra, y esto hunde más a esa imagen en el pozo. Por eso hay que investigar para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades», afirmó.
Finalmente, confirmó que el abogado Martín Castro realizó una presentación ante la Justicia invocando el derecho de vindicación, por lo que también deberá ser investigado en el marco de la causa.