¿La extensión de la imputabilidad de los adolescentes es la solución definitiva? ¿O también debemos asegurar las oportunidades a todos mediante la educación?

Hace apenas unos pocos días parecía que los argentinos nos hubiésemos lanzado a una polémica vital y esencial, debatiendo si la extensión de la imputabilidad para los adolescentes menores de los 16 años constituía la solución definitiva para erradicar la delincuencia en el seno de la juventud. No había posibilidades intermedias. Había que adherir a una de las dos posiciones. O al menos así lo creyeron muchos.
Los Legisladores, los periodistas, los sociólogos, los psicólogos, los medios y la ciudadanía toda bregaban para imponer su posición. Parecía que los argentinos debíamos necesariamente tomar una decisión en un gran debate nacional. Si hasta se convocaba a manifestarse públicamente y a salir a la calle a pronunciarse. 
A fuerza de sinceridad, parecía que estábamos en una suerte de polémica pública en la que estaba en juego el destino mismo de los argentinos. Por lo que nadie se podía desentender de aquélla.
No se admitían sugerencias que se apartaran de esa dicotomía. Daba la impresión que la suerte estaba echada acompañando una de las posiciones. Y que la decisión final implicaría la solución definitiva en lo que hace a  la delincuencia juvenil.
Y así las cosas, la vehemencia y la contundencia expresada por los interlocutores y el rol destacado que el asunto llego a tener en los medios informativos fue tal, que pocos, muy pocos, se detuvieron a analizar la situación, los motivos y las razones en juego. No siendo pocos los que adhirieron a una u otra idea apasionadamente, sin profundizar mayormente la cuestión. 
Unos sostenían que la extensión de la imputabilidad pondría en fuga la delincuencia y que por ende volvería la tranquilidad pública. Mientras que otros destacaban que aquella implicaba un menosprecio por los menores y que conllevaría a condenas y penas inadmisibles. Los primeros ponían el acento en la necesidad de acabar con la delincuencia que nos azota a los argentinos. Los otros defendían a rajatablas a los adolescentes, haciendo hincapié en que no se podía castigar a los que aún no tenían capacidad para distinguir el bien del mal, lo correcto de lo inadmisible.
Obviamente el debate de mayor trascendencia se dio en el Congreso de la Nación. Donde los gritos, los improperios propios de los desaforados no se detenían en el meollo del caso, sino que simplemente lanzaban frases sin mayores apoyos y con escasa argumentación. Sin advertir que nada se aportaba al análisis de la situación que pretendían abordar, mientras que otros iban  en pos de beneficios políticos y no de una solución adecuada y conveniente para una realidad difícil, que tiene como protagonista a una delincuencia precoz, que ha avanzado peligrosamente en los últimos tiempos. 
Obviamente que también se pudieron escuchar argumentos sólidos y propuestas ajustadas a la realidad que nos circunda. Pero no fueron precisamente las que tuvieron mayor peso en el debate sin freno que se alcanzara.
Ahora bien, lo cierto es que el Congreso de la Nación dijo los suyo y por ende se impuso la ampliación de la imputabilidad, haciéndose que llegue hasta los catorce y quince años. Incorporándose así a los mismos al sector alcanzado por el Derecho Penal.
Habida cuenta de lo sucintamente expuesto, recuperada la calma, cabe preguntarse, ¿fue acertado lo impuesto por el Poder Legislativo? ¿Se tomó la decisión conveniente y conducente que ha de poner fin a la delincuencia precoz?
El decisorio tomado probablemente era necesario y la sociedad lo reclamaba. Es más, el difícil marco circunstancial en que nos movemos lo estaba requiriendo. Había que poner un freno a los delincuentes que utilizan a los menores para llevar a cabo sus delitos y fechorías. Pero, ¿es suficiente y conducente? La baja en la imputabilidad ¿ha de frenar o al menos de disminuir significativamente el marco delincuencial? ¿Lo decidido por el Congreso constituirá una herramienta útil y conducente? O por el contrario, ¿la delincuencia proseguirá su camino sin mayores sobresaltos?
Puesto de otro modo, ¿los menores que no tienen contención, preparación, apoyo ni cariño, que no tienen un hogar ni un plato con comida caliente, cesaran en su actividad delictiva por la ampliación de la imputabilidad? ¿Serán inmunes a las tentaciones propias que les ofrezcan los malhechores que tengan cerca? ¿Terminarán con su temprana incorporación a la delincuencia?
La realidad nos enseña que no será así. Que la extensión de la imputabilidad debe necesaria y forzosamente ir acompañada de la igualdad de oportunidades. Puesto sobre blanco y negro, se debe llegar a esos menores para que tengan una vida mínimamente digna. Se debe llevarles, o al menos acercarles las oportunidades que la vida no les ha brindado.
Y a la igualdad de oportunidades solo se puede llegar con la educación. Si no se brinda y asegura esta, mal se puede exigir el irrestricto apego a la ley.
Y he ahí el meollo del asunto. La ley que amplio la imputabilidad puede hacer lo suyo, pero si no se trabaja convenientemente para llevarles la educación que le abra las puertas a las oportunidades en la vida, todo lo que se haga será inútil, nada ha de obtenerse.
Ergo, los Legisladores que intervinieron en ese exaltado debate y los demás que nos gobiernan  deben fijar, seguir e imponer políticas que aborden con fuerza y solvencia el camino de las oportunidades para todos. Y a ello no se llega con prebendas, ni con discursos enardecidos, ni con el facilismo de la demagogia, sino con políticas inteligentes, coherentes y conducentes que lleven a los menores a alcanzar sus propias oportunidades mediante la Educación.
Hace ya muchos años un preclaro maestro -que llegase a la más Alta Magistratura de la Nación- nos guió a los argentinos por la senda de la Educación. Hoy muchos años después, aún hay demasiados niños que no reciben la adecuada Educación. Y que por ende no tienen oportunidades, lo que los deja inermes frente a los delincuentes que los utilizan para concretar sus fechorías.
Resumiendo, terminado el debate, entremos en la realidad y trabajemos para erradicar la ignorancia, asegurando una vida mínimamente digna a las víctimas que utiliza la delincuencia. Hagamos que también ellos tengan una oportunidad en la vida. Si los que llegan a gobernarnos no lo entienden y creen que han de erradicar la delincuencia juvenil con solo bajar el límite de la imputabilidad, la situación seguirá igual. Y tal vez sea aún peor. 
Es que las leyes son una necesidad y abren caminos. Pero si no se trabaja para que puedan llegar suficientemente a la realidad circundante, serán simples normas sin mayor significación. Y recordemos que como nos enseñara un gran filósofo, «yo soy y mis circunstancias».
Y el avance de esa realidad que nos duele, necesita las medidas adecuadas, para que la Educación posibilite una suerte de igualdad, o al menos disminuya la desigualdad. En la que los que no tienen nada, tengan algo, puedan vivir con cierta dignidad, haciendo que sus hijos no se dejen tentar por los delincuentes que están siempre prontos para utilizarlos en el campo delictivo. 
Y si aprovechamos la fuerza y el ahínco que se advirtiera en el debate público que nos envolvió a los argentinos en las últimas semanas para alcanzar esa igualdad de oportunidades, se avanzaría hacia un mundo mejor.
Entonces no nos quedemos solo con la ampliación de la imputabilidad, hagamos que la Educación llegue a los que menos tienen, para que comprendan que el camino en la vida nunca es fácil, pero que educando hemos de llegar a un horizonte mejor. En el que la delincuencia no se apodere de los menores, porque estos puedan ver un destino mejor con el trabajo honrado.
Como nos exhortara el Gran Maestro Argentino: «SI QUEREMOS A NUESTRA PATRIA, EDUQUEMOS AL SOBERANO», para garantizar su libertad, responsabilidad y capacidad de decidir. Pues la Educación es el pilar fundamental para el desarrollo, la Democracia y la construcción de la Ciudadanía.