Aumento de tarifa: Errores y contradicciones

Como expresé en la columna titulada, «temporada de aumentos», le llega ahora el turno, a la ciudad de Trelew, donde el pedido -o requerimiento- de aumento, viene precedido de grandes irresoluciones y contradicciones. Iniciado por el cuarto interventor judicial, pasando por el Poder Ejecutivo municipal, llega con urgencia al concejo deliberante que, menuda tarea tendrá con el estudio y análisis para finalmente, tomar una decisión.

En lo inmediato cabe recordar, que la determinación de las tarifas de los servicios públicos es una materia inexcusable, y obligación ineludible, del poder político. Los entes reguladores son organismos de control, asesoramiento y estudio, en todo lo que concierne a la prestación y tarifas de los servicios. Por tanto, lo más indicado es que su trabajo sea informado con opiniones respaldadas, para la decisión que corresponde al poder político.

El Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos de Trelew ha producido estos trabajos con notas y solicitudes a la Cooperativa, con respuestas al Legislativo y Ejecutivo Municipal. El Expediente con lo recolectado y la Caratula con número 1718/26, llega al Ejecutivo que lo presenta, persiguiendo la aprobación de un aumento del 39% en las tarifas de los servicios públicos de la ciudad.
Leyendo esta documentación, debo destacar sorprendentes comentarios, revelaciones y conclusiones del organismo, que no deberían dejarse de lado en el debate.

Entre las primeras frases que hallamos, hay una que marca claramente la dura situación y contexto en que se presenta este pedido. El organismo regulador en el pasado mes de marzo manifiesta: «Se deja constancia que, en todos los casos analizados y simulados por el OMRESP, los datos aportados por la cooperativa no incluyen ningún esquema de reducción de costos operativos, sino por el contrario, los costos de operación y mantenimiento se han incrementado».

Contundente veredicto respecto a esta presentación. Luego, derivando a otros pedidos y solicitudes que la cooperativa no ha contestado, antes y durante la intervención judicial, destaca a modo de denuncia: «Entre enero de 2022 y junio de 2022 ingresaron 50 personas a la cooperativa y los interventores no han hecho un solo comentario al respecto, así como tampoco se ha recibido el resultado o trabajo final de la auditoria contratada con la empresa Auren, a la que se le encargó una auditoría laboral y previsional». No hemos recibido ninguna información, se queja el OMRESP, rematando...»la intervención propone como óptimo 272 empleados «, contra los 349 que informa la última DDJJ del formulario 931.

Continuando en otro párrafo imperdible e irónico, respecto a la pasajera mejoría en los números después de los aumentos ya otorgados, el OMRESP manifiesta: «esto no se logró por la gestión de una intervención magistral, sino que se da por el marco de aumentos tarifarios otorgados con un aumento del 262,24% del VAD». Lapidario.

Finalmente, y llegando a las conclusiones el OMRESP manifiesta a modo de sentencia: ... «Es importante destacar que a la fecha y durante las distintas intervenciones que se han ido sucediendo no se han verificado una estructural reducción de costos operativos... sosteniendo en términos generales la estructura de costos existentes» y para remachar el clavo expresa: Aclara que ningún escenario simulado tiene en cuenta el plan de pago de Cammesa». Aclaración que ensombrece todo, porque es un anuncio bruto de que todos estos aumentos, tampoco alcanzarán a partir de los próximos vencimientos que la primera magistral intervención firmó y se fue.

El Intendente busca también, incomprensiblemente, fundamentar el aumento basándose en la inflación principalmente, recordando la derogación de la ordenanza 13829 que disponía un mecanismo automático expresando que no contemplaba «criterios de eficiencia en la gestión de la concesionaria». Más allá del error conceptual que comete con tal comentario, y teniendo en cuenta lo que le escribió su organismo asesor, ha dado en el centro de todo esto.

Cada aumento así dado, profundiza la ineficiencia, castiga al usuario consumidor y aleja cada vez más a la distribuidora, de todas las metas y objetivos que podrían permitirle salir de su quiebra expuesta. Ni el pretendido «paso histórico» de comprar la demanda de potencia a otros actores del mercado (que está por verse cuando veamos el contrato), ni un aumento más, podrá enderezar el rumbo.

Tengan en cuenta que se dará tratamiento a un aumento de tarifas para una empresa en cesación de pagos, una verdadera caja de Pandora que funciona ilegalmente, con varios balances sin auditar, no presentados y sin aprobar, lo que ha marcado enfáticamente el propio organismo municipal, conjuntamente con las demás advertencias que hemos sintetizado para los lectores. En los servicios públicos monopólicos, la enorme transferencia de esfuerzo y recursos desde el usuario consumidor a cada concesionaria ineficiente, representa una de las mayores injusticias que el poder político debe evitar cada día a los ciudadanos.