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En qué consiste la denominada «Ley Antimafias» que Torres quiere aplicar en Comodoro

El Gobernador solicitó que el caso sea investigado bajo la normativa nacional que apunta a desarticular organizaciones criminales. El hecho, vinculado a un enfrentamiento entre clanes, dejó dos muertos, uno de ellos testigo clave en un juicio por homicidio.

por REDACCIÓN CHUBUT 25/04/2026 - 23.17.hs

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ha solicitado días atrás la aplicación de la Ley 27.786, conocida como «Ley Antimafia», como respuesta al reciente asesinato a balazos de dos personas en la provincia.

 

El hecho, que se enmarca en un enfrentamiento histórico entre bandas vinculadas al delito, cobró especial gravedad debido a que una de las víctimas era testigo clave en un juicio por homicidio. De acuerdo al texto de la ley, esta normativa está diseñada para combatir a grupos de tres o más personas que actúan de manera concertada para cometer delitos graves.

 

El pedido del Gobernador busca que la justicia reconozca que estos enfrentamientos entre bandas no son hechos aislados, sino acciones de organizaciones criminales que buscan el desplazamiento o aniquilación de grupos rivales.

 

EL CAMINO HACIA LA JUSTICIA FEDERAL
Para que la ley entre en pleno vigor en Chubut, la necesidad de una investigación especial debe ser solicitada por el Ministerio Público Fiscal y el Gobernador, requiriendo la autorización de los jueces locales. Una vez autorizada, la causa pasaría a la Justicia Federal, donde se conformaría una Comisión Investigadora Conjunta con participación de fuerzas nacionales y provinciales.

 

Bajo este régimen especial, las fuerzas de seguridad obtendrían facultades excepcionales para desarticular a las bandas delictivas, entre ellas, los sospechosos puedan permanecer detenidos hasta 15 días, prorrogables por otros 15, con autorización judicial, mientras que un juez podría ordenar el decomiso anticipado de bienes y activos de los miembros de los clanes, incluso antes de que exista una condena, si hay sospechas fundamentadas de su origen ilícito.

 

Además, los involucrados enfrentarían penas de 8 a 20 años de prisión por el solo hecho de integrar la organización y las penas por los delitos individuales se agravarán al doble del mínimo y del máximo legal.

 

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