El Servicio Público de Justicia

«El poder de los jueces (como uno de los tres poderes del Estado) se debe traducir en servicio público a la sociedad en términos de administración de justicia y no como un poder para ellos mismos. Además, es imperioso que el sistema de administración de justicia sea eficaz y eficiente en su gestión.

Ello significa que los jueces deben resolver, con la debida prudencia, el universo de casos (detrás de los cuales hay conflictos sociales, entre particulares o de orden público) que tienen para fallar con equidad y justicia, sin distinguir si se refieren a ciudadanos de bajos recursos económicos, o de alto poder adquisitivo, se trate de delitos comunes o de crímenes complejos, de un juicio contra el Estado, a favor del Estado o de una empresa, con afectación al ámbito local o con implicancias internacionales; todos los casos deben ser resueltos a la mayor brevedad posible, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso, pues fiel al adagio popular, la justicia lenta no es justicia» Mariano Borinsky.

Hay una generalizada opinión desfavorable sobre el desempeño de la justicia y sus actores, incluyendo también las formas, denostando a jueces y fiscales, y en general, a todo lo que tiene que ver con el sistema, con el servicio público de justicia porque, en definitiva, es esto y quienes ocupan cualquier cargo en las distintas jerarquías de responsabilidad, son servidores públicos ya que, se trata de un servicio absolutamente indelegable del estado. El Poder Judicial, es uno de los poderes creados por la constitución nacional y las constituciones provinciales.

Se ha tornado muy frecuente y por lo tanto preocupante, la repetición de escándalos y denuncias de todo tipo, que cruzan los límites del escenario estrictamente judicial, saltando a la opinión pública, a los medios de comunicación y comunicadores de todo tipo, mostrando una alarmante tendencia, donde incluso, temas personales se adueñan del centro de la escena, en una muestra que va camino a lo grotesco, y de alto perjuicio para la ciudadanía que, con sorpresa y preocupación, asiste a esta nueva realidad que sin cosmética, muestra su verdadero rostro, y crecen en las noticias los trascendidos tenebrosos, desde el lugar donde más necesitamos que la serenidad, objetividad, neutralidad, conocimiento, cautela y buen tino, tengan su asiento.

Este fenómeno cruza toda la provincia y, en algunos casos específicos, conmueven a toda la comunidad, que percibe como se va diluyendo lo poco que queda, de la indispensable administración de justicia, para la imprescindible tranquilidad y el castigo justo o la justa absolución, para quienes tienen que recibirlo.

Los plazos de la Justicia, sobre todo los plazos que manejan los jueces y los intrincados vericuetos legales, opacan la visión que queremos tener de los mismos y el servicio de justicia. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con sede en CABA, realizó estudios y encuestas, las que arrojaron resultados muy malos para el poder judicial en general, pero lo que más destaco con un 77,7% de mala nota, fue la crítica a los plazos de la Justicia.

No es sorpresa, también en nuestra provincia, un juicio puede prolongarse tranquilamente el tiempo que un juez decida monárquicamente, y nada podrá evitarlo. La falta de imparcialidad de las decisiones y fallos, también se destacan como puntos muy negativos y así, la mayor parte del accionar de sus señorías, su excelencia y otras expresiones que, menos mal, se desaconsejo utilizar, hasta que han caído en desuso.

Por estos días, en la Circunscripción Judicial del Noroeste de la provincia, con sede en Esquel, se ha desenfrenado un escándalo intrigante y malicioso, acorde a la dimensión y consecuencias, que podría acarrear el caso Mutual Aonikenk, donde confluyen varios tipos de intereses, personajes y sorpresas hasta ahora, contenidas. Se hablan y denuncian, pesadas cosas, que van desde amenazas a injurias, difamaciones, tráfico de influencias, presiones y hostigamiento, falta de idoneidad, y hasta problemas psicológicos. Un combo denso de asimilar, teniendo origen en profesionales del derecho y los tribunales que, de esta forma, van dando crédito a viejas sospechas y rumores, sobre cierta permeabilidad y flexibilidad, que moran en la esquina más alta de Esquel.

Con este muestrario público y los entramados de las redes sociales, es muy difícil prever lo que pasara con este trámite de la denuncia que lleva tiempo y demasiada publicidad y publicación, sin que se concrete definitivamente el juicio oral y público que determine inocentes o culpas y culpables. El paso del tiempo atenta contra esto y el desgaste que producen estos intríngulis, donde no faltan ingredientes de viejas cuentas locales y relaciones de larga data en la cooperativa local, no deben privar a la sociedad de ninguna manera, de un resultado.

La Justicia a través de sus responsables, que los tiene, como los otros poderes, deben hacer un esfuerzo en toda la provincia, purgarse si es necesario, y mostrar a través del tratamiento de todos los juicios, que no hay causas menores o mayores, que no hay mejores o peores por su condición económica, por relaciones o posición social.

La igualdad, la verdadera igualdad ante la ley se trata de esto, del tratamiento sin calificación previa, buscando objetivamente la verdad que es lo único camino hacia un mejor estado de derecho y, además, teniendo en cuenta que «el servicio público de la justicia y el poder judicial como exponente máximo de la misma, ha pasado de ser una institución esencialmente burocrática de proyección casi exclusivamente jurídica formal, a integrarse en un espacio más abierto en el que por imperativos de legalidad, debe interaccionar de forma políticamente relevante con agentes de otros poderes y muy intensamente, con la opinión pública» (Perfecto Andrés Ibáñez).