Resistencia a la explotación de una mina de uranio en La Rioja III

Por entonces los vecinos impedían el paso de vehículos de la Comisión Nacional de Energía Atómica por la ruta 38, con el objeto de manifestar su intención de evitar que se pusiera en marcha la extracción de uranio en el denominado Cordón del Velazco, que rodea la ciudad capital de la provincia.

En 2012, las masivas marchas y protestas contra la minería del uranio en La Rioja, impulsaron la promulgación de la Ordenanza Municipal N.º 4930, que declaró el departamento Capital "Zona No Nuclear", y prohibió el cateo, la prospección, exploración, explotación o industrialización del uranio o cualquier otra sustancia radiactiva.

A fines de 2013, las localidades ubicadas en la Quebrada Alipán sufrieron una crisis hídrica. La Asamblea Riojana Capital registró, mediante fotografías y videos, el uso del agua para las actividades de la CNEA, "imágenes del desastre que están haciendo en nuestros cerros".

En octubre, la Municipalidad de La Rioja clausuró preventivamente la mina. La CNEA respondió con un amparo mediante el cual solicitó la nulidad de la Resolución Municipal y la inconstitucionalidad de la Ordenanza N.º 4930. Ese fue el comienzo de una larga batalla judicial.

En marzo de 2014, la Asamblea Riojana Capital y los Vecinos Autoconvocados de Puerto Alegre al Cantadero, comenzaron un acampe y bloqueo selectivo sobre la Ruta Nacional N.º 38, en la entrada al predio.

Durante 6 meses impidieron el paso de la maquinaria de la CNEA. Marisa Romero, de la Asamblea Riojana Capital, dijo que "la megaminería acarrea para las poblaciones cercanas todas las consecuencias nefastas para el ambiente, para el agua, para la salud, pero en caso de la minería de uranio todo esto se potencia porque estamos hablando de radiactividad, de una contaminación que se acumula y que incluso afecta a las generaciones futuras".

En 2017, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba convocó a las partes a una audiencia conciliatoria.

La Asamblea Riojana Capital presentó más de 2500 firmas de vecinos que se oponen a la minería del uranio. Finalmente, la Cámara declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza N.º 4930. La Municipalidad de La Rioja apeló la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el fallo de la Corte fue adverso para los vecinos, confirmó que la Ordenanza N.º 4930 era inconstitucional, lo que significó que dejó de tener efecto.

El fallo puso en evidencia una tensión entre las competencias del municipio y las de los poderes federal y provincial. La ordenanza buscaba prohibir actividades como la minería a cielo abierto con el uso de sustancias tóxicas, algo que, según el fallo, excedía las facultades del municipio. La Corte Suprema afirmó que, en estos casos, la regulación de actividades mineras y nucleares corresponde a la Nación y a la Provincia, no al municipio.

La decisión judicial generó una fuerte reacción por parte de las asambleas riojanas y los grupos ambientalistas, que habían impulsado la ordenanza. Consideraron el fallo como una derrota y una puerta abierta para la megaminería en la provincia. Instaron al municipio a seguir defendiendo la postura de "No a la megaminería" y a utilizar otras herramientas legales para proteger el medio ambiente.

A raíz del fallo, los grupos de ciudadanos convocaron a la movilización y a la presión política para que el Intendente de ese momento respetara la "voluntad del pueblo" de no permitir proyectos mineros. Se instó a rechazar cualquier pedido de autorización y a seguir la lucha por la defensa del agua y la vida más allá de las instancias judiciales.