Los rionegrinos y la energía nuclear I
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En 2017, el gobierno nacional y el entonces gobernador Alberto Weretilneck, anunciaron la posible instalación de una central nuclear en la costa atlántica, próxima a Sierra Grande, zona del Golfo San Matías.
Este anuncio generó movimientos de oposición a la energía nuclear en la provincia que vamos a comentar sucintamente.
No fue algo menor ni aislado, hubo varios episodios de oposición social al desarrollo nuclear, con bastante intensidad y con consecuencias políticas concretas.
Nació inesperadamente una reacción social inmediata y masiva. Vecinos, organizaciones ambientales y sectores políticos comenzaron a movilizarse.
Surgió el movimiento “No a la planta nuclear en la Patagonia”. hubo numerosas asambleas ciudadanas autoconvocadas, marchas en ciudades como Bariloche y Viedma, asambleas abiertas con debates públicos intensos.
Los ejes de los argumentos de la oposición fueron bastante claros. Impacto ambiental, ecosistemas marinos, turismo, pesca, falta de consulta a la población, riesgo percibido a largo plazo e injusticia ambiental.
También se señalaba que el Golfo San Matías tiene áreas protegidas y economías sensibles, como la pesca y el turismo.
La oposición fue bastante estructurada con la participación directa, deliberativa y sostenida de ONG ambientalistas, Iglesia Católica patagónica, profesionales y científicos locales y partidos políticos.
No fue una protesta menor, se hablaba de movilización de gran parte de la ciudadanía, incluso de provincias vecinas.
El tema se instaló en medios de comunicación, agenda política y campañas electorales. El conflicto pasó de ambiental a político-electoral.
La presión social tuvo un efecto directo. Convencido que insistir con la central daría por tierra con su carrera política, Weretilneck prometió que promovería la sanción de una ley para que no se instalara la central anunciada. La comunidad no creyó la promesa, y le exigió el envío inmediato del proyecto de ley.
El 1 de setiembre de 2017 se sancionó casi por unanimidad, 44 de 45 legisladores, la Ley Nº 5227 que prohíbe en el territorio de la Provincia de Río Negro la instalación de centrales de generación de energía nucleoeléctrica de potencia. Cuatro días después fue promulgada. La norma entró en vigencia el 19 de setiembre.
No era solo protesta, terminó en política pública concreta. Pero…después de 2017 el conflicto no desapareció. Aunque la ley frenó el proyecto, la tensión siguió. Hubo Intentos o debates sobre derogar la ley, ahí reapareció el “Movimiento Antinuclear Rionegrino” oponiéndose a esos cambios. Es decir:
el conflicto quedó latente.
Otros focos de oposición
En Pilcaniyeu protestas bajo consignas “No al uranio enriquecido, sí al agua”. Reclamos por falta de consulta y riesgos del transporte de material radiactivo.
Se despertó también el debate sobre minería de uranio, hubo rechazo a proyectos extractivos.
Si miramos el fenómeno con alguna profundidad descubrimos que no era solo “rechazo a lo nuclear”, era un caso típico de conflicto por territorio.
La nación venía desde el 2006 con la intención de comprarle a China un reactor nuclear, instalarlo en la Patagonia parecía buena idea, reactivaría la alicaída localidad de Sierra Grande que, debido a la paralización de la mina de uranio, se fue muriendo, se fue despoblando.
La Patagonia vista como “reserva ambiental”, allí sería recibida con los brazos abiertos. Weretilnek llegó a viajar a China acompañando al entonces presidente Mauricio Macri.
No se pensó que habría desconfianza en el Estado, se tomaban decisiones sin consulta previa.
En el debate sobre la minería quedó claro el caso de injusticia ambiental, el beneficio del producto a extraer sería nacional en cambio los riesgos serán provinciales. Como es sabido en todo el mundo la minería del uranio ha sido y es contaminante y los rionegrinos son conscientes de ello.
Continúa...
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