Inaceptable reactivación

Primero: el sitio ya tiene un pasivo ambiental. No estamos hablando de una hoja en blanco. Estamos hablando de relaves que siguen generando radón, de materiales como el radio-226 y el torio-230 que permanecen activos durante siglos y milenios. Entonces la pregunta es simple: ¿con qué autoridad se propone abrir una nueva etapa cuando la anterior no ha sido completamente resuelta?

 

Segundo: el argumento de que “hoy la tecnología es mejor” no responde a lo esencial. La tecnología puede reducir riesgos, pero no elimina el problema de fondo: la necesidad de controlar esos residuos durante tiempos que exceden cualquier ciclo político, económico o institucional. ¿La tecnología actual garantiza ese control dentro de 100, 500 o 1.000 años? Nadie puede hacerlo seriamente.

 

Tercero: el punto más crítico es el agua. No el discurso, el agua. Los procesos mineros movilizan elementos que pueden migrar a los acuíferos. Y cuando un acuífero se contamina con radiactividad, ácido sulfúrico, etc., no hay ingeniería que lo devuelva a su estado original en términos prácticos. Entonces, ¿quién asume ese riesgo? ¿La empresa? ¿El Estado? ¿O, como casi siempre suele ocurre, la población local a lo largo del tiempo?

 

Cuarto: se habla de empleo y desarrollo. Bien. Pero los empleos son temporales; los pasivos son permanentes. Esta asimetría no es menor: es el núcleo del problema. Se socializan los riesgos y se concentran los beneficios en el corto plazo.

 

Quinto: la llamada “licencia social” no es un trámite. Es un límite. San Rafael ya ha mostrado resistencia. Ignorarla no elimina el conflicto: lo profundiza y lo traslada al terreno judicial y social.

Entonces dejemos de simplificar. El uranio es un valioso insumo de las armas nucleares y de la generación de electricidad, pero aquí no se trata de si el uranio sirve o no, ni para qué. Se discute si es aceptable generar un riesgo ambiental de muy largo plazo en un territorio concreto, con una comunidad concreta, a cambio de beneficios económicos inmediatos.

 

Si la respuesta es sí, entonces díganlo con claridad: expliquen quién se hace responsable dentro de cien años, qué garantía financiera existe, y cómo se va a proteger el agua en el peor escenario, no en el mejor.

 

Si no pueden responder eso con precisión técnica y compromiso institucional verificable, entonces no están en condiciones de avanzar.

 

Porque en Sierra Pintada, como en tantos otros yacimientos de uranio, el verdadero problema no es la extracción del elemento. Es la gestión de lo que queda después.

 

Y eso, hasta ahora, sigue sin resolverse de manera definitiva en ninguna parte del mundo.