Usuarios de Servicios Publicos Cooperativos: «Que alguien haga RESPETAR la LEY»

A la usanza del FODE (Fondo de Obras de Desarrollo Energético), o los Cargos Fijos para Infraestructura, este Fondo de Emergencia Operativa que intenta disimularse sin conseguirlo, en el cuerpo de las cada vez más abultadas facturas de la Cooperativa; evidencia, que a pesar de la profusa normativa creada justamente para equilibrar la balanza entre los usuarios y la empresa, en nuestra ciudad, esa relación es despareja. Dicho esto sin mencionar que los caminos ideados para efectuar reclamos ante la empresa, se convierten en un laberinto tan tortuoso, que la mayoría de las veces el damnificado opta por desistir antes de comenzar.

La experiencia de ser usuario de los servicios de la Cooperativa es en nuestra ciudad un padecimiento que pone en evidencia la mora del Estado como poder concedente.

Es que, cuando tenemos un Estado que no regula ni controla, ¿podemos creerle cuando nos dice que tenemos derechos como consumidores?

Este nuevo Fondo, creado por Ley de la Provincia (Ley I-539), en el marco de otra Ley (Ley I-515).que declaró en emergencia los servicios públicos en Chubut expone sin pudor, que nadie tiene bien en claro a que están obligadas las prestadoras, nadie sabe como deben ser las tarifas, ni la calidad de los servicios públicos que recibimos y lo peor, a quien recurrir cuando advertimos que la larga lista de derechos de usuarios y consumidores consagrados constitucionalmente con la reforma de 1994 resultan aniquilados por la empresa, en complicidad con el propio gobierno.

La Ley dirigida a implementar una TARIFA DE REFERENCIA PROVINCIAL PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS ESENCIALES, aprueba un acuerdo suscripto a los 15 días del mes de Mayo de 2014, en el que los firmantes se comprometieron a gestionar su aprobación y legislación en un plazo de 15 días desde la firma del mismo.

Hasta donde he podido conocer, esto último, no ocurrió ni en nuestro Municipio ni en la vecina Trevelin. Es decir la exigencia más elemental de legalidad, que disponía que, para que este fondo pudiera ser parte de la tarifa, debía convertirse en ordenanza, (un mero trámite con las actuales conformaciones de los citados cuerpos deliberativos) fue omitida. Formalidad considerada innecesaria por la empresa, que subrepticiamente incorporó el concepto en las facturas recientemente emitidas en febrero de 2015. Con la explicación obscena dada a quienes fueron a solicitar alguna aclaración, que ¨la ley es la ley¨ y que Cooperativa no puede desafiar la voluntad del legislador que la sancionó.

A esta altura de la reflexión, está claro que los instrumentos o instancias de control (Defensoría del Consumidor, Defensor del Pueblo, Fiscalía de Estado, Justicia) ensimismadas en sus cuestiones fundacionales no han hecho otra cosa que debilitar al extremo la posición de los usuarios en beneficio de la empresa.

Podremos continuar avanzando entonces, en esta suerte de deporte nacional, que arregla todo sancionando más leyes que las que somos capaces de cumplir. Pero en la medida en que persista esta ineficiencia deliberada, en un terreno tan cenagoso como las que vienen ordenando las relaciones de consumo de servicios públicos a nivel local, lo único que conseguiremos es agitar nuestra bronca, y acumular expedientes de reclamos sin que nada cambie.

Para el caso, aplica como nunca la frase que suele escucharse entre los pueblos originarios: «No queremos nuevos derechos, sino que se respeten los que ya tenemos». Que alguien haga RESPETAR la Ley.

Jorge Junyent

Concejal UCR (MC)