Quedó vigente la emergencia del transporte de «EL 22» sin tratamiento del Concejo Deliberante

Según la presidenta del Concejo, Leila Lloyd Jones, la medida regirá por 180 días (desde agosto del corriente), debido a una modificatoria que introdujo el Ejecutivo municipal. La controversia entre el oficialismo y la oposición, se originó con motivo de los plazos de la emergencia. También los opositores pretendían exponer a los oficialistas que no querían votar la medida en el recinto.
El concejal del PJ, Simón Cimadevilla, impulsó una moción para que la emergencia se discuta en el recinto y que la ciudadanía conozca los posicionamientos de los bloques. «Debemos dar la discusión en el recinto para que cada vecino sepa qué opina cada concejal sobre la emergencia», afirmó. 
La oposición del PJ, UCR, Primero Chubut y el Pich, votó para que se trate el expediente, mientras que el madernismo y aliados se opusieron, y Leila Lloyd Jones definió con voto doble que no se trate la emergencia.
Desde el oficialismo, apuntaron contra la presidenta de la comisión de Planeamiento, Susana Gallegos, a quien acusaron de impedir que se tratara en comisión la modificatoria con los 180 días de plazo que añadió el intendente Adrián Maderna. Castán no dudó que «Susana Gallegos no estuvo a la altura de las circunstancias». 
En su defensa, Gallegos contrapuso que la resolución del Ejecutivo municipal «entró por la ventana», y pretendían tratarla en forma «irregular». «El concejal Castán llegó rápidamente, hicimos la votación y, segundos después, entró el doctor Cimadevilla, me dijo ‘Susana lo que estás haciendo no es válido, es irregular’. No quise incorporarla porque veía que en mi comisión se estaba haciendo algo irregular y lo tenía en la voz de un abogado como es el señor Cimadevilla», justificó.

CUESTIONAMIENTOS
Por su parte, las ediles del PJ, Belén Baskovc, y Florencia Rossi de la UCR, cuestionaron la metodología empleada por el secretario de Gobierno, Eduardo Maza. «(El titular de la empresa) Adrián Febrero nos transmitió que una vez declarada (la emergencia) se tiene que juntar con los trabajadores para llevar adelante un recorte en los salarios, o reducir planta de personal», advirtió.
Refiriéndose a Maza, planteó que «éstas son las consecuencias de tomar decisiones unilaterales, no querer dar el debate, pasar por arriba al Omresp y al Concejo. Hay una demanda judicial de la empresa por más de 100 millones de pesos contra la Municipalidad. Esto se esconde detrás del referendum».

FESTEJOS DE ATE
Por otra parte, los concejales aprobaron modificaciones en el organigrama que permitirán recategorizar a unos 15 empleados del Concejo Deliberante que lo venían reclamando desde hacía años. 
Los trabajadores nucleados en ATE coparon las gradas y festejaron la aprobación de este expediente.