Las buenas decisiones no duran

Las buenas decisiones no duran | Nota de opinión por el Ing. Juan Vernieri

¿Porque será que en nuestro país cuando quienes gobiernan toman una necesaria decisión que resuelve problemas y mejora la vida de los ciudadanos, siempre aparece alguien con algún motivo, explícito o no, que logra dar por tierra con la determinación?

     Como se recordará, antiguamente la designación de magistrados se realizaba con acuerdo del Senado por un procedimiento poco claro, tanto que, por ejemplo, para el acuerdo a los miembros de la Corte Suprema se realizaba en sesión “secreta”, sin posibilidad de conocimiento público. Ésta y otras normas poco democráticas llevó al convencimiento que la reforma constitucional de 1994 debía modificar el sistema. Para ello, creó el Consejo de la Magistratura, órgano que tendría a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial, como una forma de descentralizar la elección, hacer más transparente, independiente y participativo el proceso de designación de los jueces. Esa fue una “santa” intención de la reforma.

       El texto constitucional establecía un plazo de un año para que se sancionara la Ley reglamentaria. Pasaba el tiempo sin la Ley, lo que llevó a distintos legisladores y líderes políticos, entre los que recuerdo a Elisa Carrió y Cristina Fernández, a que impulsaran decididamente la sanción de la ley que, entre otras cosas, debía establecer una integración equilibrada del organismo creado.

     En enero de 1998 finalmente, se promulgó la Ley 24937 que cumplía con alguna tardanza, el mandato constitucional. La composición del Consejo de la Magistratura que estableció la ley, con 19 miembros, fue muy bien recibida por casi todo el arco político, los entendidos y el periodismo en general, por considerar que era equilibrada.  y que seguramente las decisiones del Consejo de la Magistratura así constituido, se ajustarían al interés del pueblo.

       Sin embargo, la señora Fernández de Kichner, en el año 2006, cuando su esposo era Presidente de la Nación, presentó un proyecto de Ley, luego sancionado con el número 26080, que entre otras consideraciones, reducía a 13 el número de integrantes del Consejo, concediendo así preponderancia al sector político en la integración, dando por tierra con la “santa” intención de los constituyentes y de la Ley reglamentaria. 

       En noviembre de 2015, luego de un largo proceso, la Sala 2da. de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sentenció la inconstitucionalidad del artículo primero de la mencionada 26080, que modificaba la configuración del Consejo. Por supuesto, este fallo no quedó firme de inmediato porque fue apelado, debiendo entonces la Corte Suprema de la Nación expedirse.

         Estamos a mediados de 2020, a casi cinco años de la resolución de la Cámara y seguimos esperando la definición de la Corte. Está de más destacar la importancia que tiene una resolución clara y contundente, precisamente en estos momentos en que el ejecutivo promueve la reforma de la Justicia.

        En nuestro país se dictan normas inconstitucionales que tienen plena vigencia hasta que la Corte Suprema declare su invalidez. Si se demora o mantiene silencio como es el caso de la ley que comentamos, entonces nos rigen leyes posiblemente ilegítimas, la Corte se convierte en cómplice del poder que sancionó la norma y los ciudadanos tenemos que aceptarlas como producto del autoritarismo de la clase gobernante.

       En mi opinión la Corte debe urgente declarar la inconstitucionalidad de la actual integración del Consejo.

       Este es uno de los tantos ejemplos que pueden mencionarse, de buenas, ”santas” y necesarias decisiones que no perduran.