«Apoderarse de millones de dólares en el Estado tiene penas bajas», objetó el fiscal Rodríguez

«Apoderarse de millones de dólares en el Estado tiene penas bajas», observó el fiscal Rodríguez por LU20, quien opinó que en los casos de corrupción en la administración pública los exfuncionarios condenados deberían cumplir prisión efectiva.
El fiscal mencionó que, tal como está hecha la legislación vigente, los delitos por defraudación al Estado tienen penas máximas que son muy bajas. Esto lleva a que -en determinados casos- los funcionarios que delinquen cumplan las condenas en sus casas y no vayan a la cárcel.
Rodríguez, a su criterio, consideró que es imperioso que se modifiquen las leyes para lograr una condena de prisión efectiva en estos casos. Al mismo tiempo, valoró que en Chubut, a diferencia de otras partes del país, se logró una condena contra exfuncionarios acusados de corrupción.

«ÑOQUIS CALIENTES»
Torres Otarola, además de tener una condena de prisión en suspenso, quedó inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. La exfuncionaria, que también fue diputada provincial, fue hallada culpable en cuatro hechos de delito de fraude a la administración pública y tres hechos de exacciones ilegales por el pedido indebido de parte del sueldo a sus asesores. 
En tanto que sus colaboradores, Silvina Cañumil, Mara Lorena Rodari, Facundo Solari Rodera y Miguel Angel Reto Trelles, fueron penados con dos años de prisión en suspenso con determinadas reglas de conducta más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos por el delito de defraudación a la administración pública como partícipes necesarios.
El tribunal de enjuiciamiento de la causa denominada «Ñoquis Calientes», estuvo integrado por Marcela Pérez Bogado y los magistrados José Ennis y Carlos Richeri.
Para los jueces y sobre la base de testigos que aportó el fiscal general Omar Rodríguez y su equipo, Torres Otarola produjo designaciones de algunos de los imputados de manera intencional sin realización de ninguna contraprestación para lo que habían sido contratados en la Legislatura del Chubut cuando era diputada provincial y luego como Ministra de Familia. La maniobra que se probó en el juicio sentó un precedente en Chubut en materia de corrupción.