Cafach pidió declarar inconstitucional artículos de la ley de «Ficha Limpia» y la calificó de «estigmatizante»

En declaraciones a FM EL CHUBUT, el dirigente cuestionó que la exigencia de «ficha limpia» se aplique exclusivamente a la pesca, pese a que existen múltiples sectores que también operan bajo licencias estatales. «Hay muchas otras actividades como el petróleo, el juego o el transporte que no tienen una ley de estas características. Por eso sentimos que es una medida selectiva, casi como una ley castigo hacia nuestro sector», afirmó.
González advirtió que la normativa incorpora criterios que exceden el ámbito estrictamente pesquero, al vincular la continuidad de los permisos con situaciones personales o judiciales de los empresarios o directivos. «Se terminan incorporando condicionantes que no hacen al desempeño dentro de la actividad», sostuvo.
Según explicó el titular de la Cafach, la presentación judicial fue impulsada tras una reunión interna de la Cámara, en la que se resolvió avanzar luego de que las observaciones técnicas realizadas en la etapa previa no fueran incorporadas al texto final de la norma. «Tiene varios vicios de inconstitucionalidad», indicó, al tiempo que precisó que los cuestionamientos alcanzan a varios artículos.
El dirigente recordó que, durante el tratamiento previo del proyecto, representantes legales de la entidad y de otras cámaras participaron de una instancia técnica en Casa de Gobierno, donde se advirtieron los aspectos que ahora motivan la acción judicial. Sin embargo, aseguró que esas observaciones «no fueron tenidas en cuenta» y que el proyecto avanzó sin modificaciones en la Legislatura.
Uno de los principales puntos en discusión es la posibilidad de aplicar sanciones con carácter retroactivo. González señaló que la ley contempla la revisión de antecedentes de hasta dos años atrás para suspender permisos de pesca, lo que contradice principios básicos del derecho.
Además, cuestionó el alcance de las exigencias, que incluyen la imposibilidad de contar con procesos judiciales, incluso de índole privada. «Un accidente de tránsito que derive en una causa penal podría ser motivo de suspensión de un permiso», ejemplificó, y alertó sobre las consecuencias que esto podría tener para empresas con numerosos trabajadores.
El titular de Cafach advirtió también que esta situación impacta directamente en el valor de los permisos, que actualmente se otorgan por plazos de entre 10 y 15 años y funcionan como respaldo para inversiones y acceso al financiamiento. «Las empresas proyectan en función de esa previsibilidad, y cualquier cambio genera incertidumbre», señaló.
Por último, aclaró que la ley aún no fue aplicada, pero indicó que la presentación ante la Justicia busca sentar un precedente y habilitar la posibilidad de medidas cautelares en caso de que algún permisionario resulte afectado. También remarcó que el objetivo no es frenar toda la norma, sino revisar los artículos que consideran inconstitucionales.
 
INCERTIDUMBRE EN AGUAS NACIONALES
En otro orden, González se refirió al inicio de la temporada de pesca en aguas nacionales, marcada por tensiones en el ámbito laboral. Señaló que existe un «cuestionamiento a la representatividad» del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya conducción cuenta con mandato prorrogado por la Justicia, lo que genera incertidumbre en las negociaciones.
Ante este escenario, algunas empresas comenzaron a impulsar acuerdos individuales con los trabajadores, y ya se registraban barcos operando bajo esa modalidad. No obstante, el dirigente expresó su deseo de que se alcance un convenio colectivo que evite «el desgaste» de negociaciones particulares.
En cuanto al recurso, indicó que el Consejo Federal Pesquero prevé habilitar la zona norte del paralelo 41 para la pesca de langostino, tras una etapa de prospección que permitirá evaluar el estado del recurso antes de la apertura general.