El Gobierno Provincial reforzará la seguridad en Comodoro con 100 camionetas transferidas por YPF
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó un importante avance en materia de logística para la fuerza policial tras el acuerdo alcanzado con la petrolera estatal YPF. En el marco de la reversión de áreas y las tareas de remediación ambiental pendientes, la provincia logró incluir la transferencia de aproximadamente 100 camionetas que serán destinadas íntegramente a tareas de prevención y patrullaje en el territorio provincial.
por REDACCIÓN CHUBUT 12/05/2026 - 21.37.hs
Según detalló el funcionario, esta incorporación de recursos surge como una compensación económica y operativa dentro de las negociaciones con la operadora. «Felizmente, en el traspaso de las áreas de YPF, se negoció una compensación para la provincia y la ciudad. En ese convenio, desde Seguridad solicitamos las camionetas, que serán de mucha utilidad para la prevención», explicó Iturrioz, subrayando que el incremento del patrullaje es el reclamo principal de las asociaciones vecinales.
El ministro fue crítico con la gestión de recursos de años anteriores, señalando que se cometió un «error estratégico» al adquirir automóviles de bajo porte para la ciudad petrolera. «No son ideales para circular por las calles de Comodoro, sobre todo por la zona alta», afirmó. Por ello, la llegada de las unidades permitirá ejecutar un plan que combine las jurisdicciones actuales con el sistema de cuadrículas que ha dado resultados positivos en el pasado.
Respecto a los plazos, Iturrioz se mostró optimista al indicar que el directorio de YPF ya dio el visto bueno a la transferencia. Estimó que en un lapso de uno a dos meses las unidades estarán operativas. Además, aclaró que los vehículos contarán con un ploteo diferencial y distintivo, para que la ciudadanía identifique claramente que se trata de la flota recuperada mediante la negociación con la petrolera.
CONTINUIDAD DEL COMANDO UNIFICADO EN COMODORO
En otro orden de temas, el titular de la cartera de Seguridad defendió la continuidad y el desempeño del Comando Unificado en la ciudad. A pesar de haber enfrentado críticas desde sectores políticos, Iturrioz fue tajante al separar los resultados operativos de lo que consideró «posturas más ególatras que operativas». Según sus palabras, las objeciones nunca fueron dirigidas a las estadísticas, las cuales avalan el trabajo conjunto de las fuerzas.
El ministro destacó la madurez que alcanzó el operativo tras más de un año de despliegue. Explicó que, en los inicios, las fuerzas federales requerían del acompañamiento constante de la policía local para conocer el terreno. Sin embargo, «este año y pico de operatividad hace que ya tengan conocimiento de la calle y trabajen solos», aseguró, valorando que ahora se priorizan las recorridas preventivas independientes sobre los operativos de saturación masiva.
CRITICAS AL ACCIONAR JUDICIAL Y AL ABIGEATO
La agenda del ministro también incluyó un encuentro con la Sociedad Rural, donde se analizó la problemática del abigeato junto a autoridades de seguridad de Santa Cruz. Si bien destacó la labor de la División de Seguridad Rural, Iturrioz volcó su malestar hacia las decisiones de algunos magistrados que, a su criterio, obstaculizan la lucha contra el delito en la zona sur de la provincia.
Relató con asombro un caso ocurrido en las inmediaciones de la Ruta 26, donde tras el secuestro de 18 ovinos de procedencia dudosa, el juez interviniente designó como «depositario judicial» de los animales al propio sospechoso que los transportaba. «Cuando fueron a requerirle la devolución, aparentemente tenía solo cinco. Es una situación irrazonable, como hay tantas en el Poder Judicial», sentenció el ministro.
Finalmente, el funcionario marcó una diferencia notable entre la actuación en las distintas circunscripciones judiciales de Chubut, lamentando que algunos beneficios hacia los delincuentes se concentren hoy principalmente en Comodoro Rivadavia. Comparó la situación con ciudades como Trelew y Puerto Madryn, donde aseguró que el criterio judicial es más riguroso en cuanto a la retención de bienes utilizados en hechos delictivos.
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