UN POCO DE HISTORIA II
En momentos en que, por la coincidencia de las políticas nacional y del Chubut, se avecina la explotación de yacimientos de uranio en la provincia, viene bien preguntarnos por los perjuicios que dejó la explotación de los yacimientos de uranio, en la década del 70.
Entre costos, riesgos y pasivos que quedaron para el futuro, pueden identificarse varios.
El principal legado negativo fue la generación de grandes cantidades de residuos de la minería y del procesamiento del uranio en Pichiñán.
Tras el cierre quedaron aproximadamente 85.000 toneladas de material residual de las pilas de lixiviación y unas 60.000 toneladas adicionales de colas y residuos sólidos acondicionados en el sitio.
Por esa razón la CNEA o la Autoridad Reguladora Nuclear (ARN) debieran continuar realizando monitoreos ambientales periódicos, más de 40 años después del cierre.
La ARN monitorea el río Chubut en el marco del Plan de Monitoreo Radiológico Ambiental (PMRA) pero, por ejemplo, no encontré evidencia pública que confirme que la toma de agua potable de Paso de Indios esté incluida. Tampoco encontré un listado oficial de estaciones de muestreo del PMRA para Chubut.
Mi impresión es que la información debe existir en informes técnicos internos o en expedientes de la ARN, pero no está fácilmente accesible desde la web pública.
La ARN realiza el PMRA independiente de los operadores de las instalaciones nucleares y radiactivas. Incluye muestreo de agua, sedimentos, suelo, aire y alimentos.
Además, una publicación de 2021 que analizó específicamente el caso de Paso de Indios afirma que la ARN determina una vez por año la concentración y actividad de uranio y radio en agua y sedimentos a lo largo del río Chubut.
Pero no se encuentra documentación oficial de la ARN que identifique los puntos de muestreo, las tomas de agua potable incluidas, si la captación actual de Paso de Indios integra el PMRA; ni los resultados específicos de Paso de Indios. La actividad no terminó completamente en 1980-1981, dejó residuos que siguen requiriendo vigilancia institucional.
El predio donde se ubican los residuos permanece cercado y con acceso restringido. Parte de los terrenos afectados continúan bajo servidumbres o acuerdos especiales relacionados con la gestión de esos pasivos.
Las explotaciones fueron a cielo abierto. Las canteras modificaron el terreno natural de la meseta. Según diversas fuentes, la cantera de Cerro Cóndor quedó prácticamente abandonada tras el cierre, mientras que Los Adobes fue parcialmente rellenada años después.
Aunque los monitoreos oficiales indican que los niveles medidos de radiactividad, radón y calidad de agua se mantienen dentro de parámetros aceptables, el hecho de que continúen realizándose controles décadas después, implica un costo institucional permanente.
Quizás el efecto de estas explotaciones más visible hoy, sea político y social. Por lo que dejó, la población tiene muy mal concepto de la CNEA.
La experiencia de Los Adobes, Cerro Cóndor y Pichiñán es mencionada en los debates sobre minería de uranio en Chubut. Diversos sectores consideran que la provincia obtuvo pocos beneficios económicos duraderos, mientras que quedaron residuos y obligaciones de control ambiental a largo plazo. Esa percepción ha influido en la resistencia posterior a nuevos proyectos uraníferos como Cerro Solo.
Cabe aquí aclarar que en 1995 el Código de Minería fue modificado y estos abandonos de minas, si se cumplen sus normas, no podrían producirse.
Entre los perjuicios que dejaron cabe preguntarse si hubo daños comprobados a la salud o contaminación demostrada. En notas anteriores tituladas “Legislación minera con falencia” hemos destacado que el seguimiento post empleo de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, no es exigido en la legislación actual, por lo tanto, no se sabe, ya que las enfermedades derivadas de la exposición a las radiaciones pueden aparecer hasta 40 años después de la exposición.
Que ironía, según la legislación deben efectuarse monitoreo ambiental, pero no exige el seguimiento de salud de quienes trabajaron expuestos a la radiación del uranio.
Según la documentación oficial disponible, no existe evidencia pública concluyente de un aumento de enfermedades atribuible a esas explotaciones, los monitoreos oficiales realizados por CNEA, ARN y otros organismos han informado valores dentro de los límites regulatorios.
Como se dijo en las notas mencionadas, no existe un seguimiento sanitario sistemático de largo plazo de los ex trabajadores, que permita responder definitivamente esta cuestión.
La gran duda recurrente es si los beneficios económicos obtenidos entre 1977 y 1980 compensaron el hecho de que todavía en 2026 existan sitios bajo monitoreo derivados de aquella explotación. Esa es, probablemente, la principal controversia histórica de Los Adobes y Cerro Cóndor.
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