Sindicatos, organizaciones sociales y la Unpsjb buscan crear un observatorio de precios para generar datos propios

En un encuentro realizado en la sede del Cenpat-Conicet, representantes de distintas organizaciones sociales, sindicales y académicas se reunieron para avanzar en la construcción de un índice de precios propio para la región patagónica, que refleje  la realidad económica y social de los trabajadores.

La actividad fue encabezada por Noelia Costa, coordinadora del área de Legales y Prensa del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ICEPSI); Raúl Yaneta Llanza, delegado general de ATE INDEC; y Roberto Cabeda, secretario general de ATE Seccional Puerto Madryn. También participaron César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y Claudio D’ermo, referente del Centro de Estudios José María Rey.

Durante la conferencia, Roberto Cabeda destacó la importancia del encuentro como una instancia de articulación entre sindicatos, universidades y organismos de investigación. “Estos números, el índice de pobreza, la canasta alimentaria, son datos políticos. Como trabajadores, tenemos la obligación de conocerlos y discutirlos”, afirmó.
El dirigente valoró la presencia de representantes del INDEC y del ICEPSI, así como el trabajo de la Universidad San Juan Bosco, que viene desarrollando estudios sistemáticos sobre precios y consumo en la región.

Por su parte, Noelia Costa explicó que el ICEPSI viene elaborando desde 2011 el Índice Barrial de Precios (IBP), una herramienta que releva mensualmente los valores de los 57 productos que integran la canasta básica alimentaria del INDEC, pero con una diferencia clave: se realiza en comercios de cercanía de barrios populares.
“Cuando en 2011 se decía que se podía comer con seis pesos, en los barrios no se podía. Por eso empezamos a construir este índice desde la realidad de la gente que compra todos los días en el almacén del barrio”, manifestó Costa.

El relevamiento, que ya se aplica en 16 provincias del país, busca medir los precios reales a los que acceden las familias trabajadoras y detectar las variaciones que surgen por los intermediarios o el contexto de recesión económica, donde muchos pequeños comerciantes deben absorber los aumentos mayoristas para sostener sus ventas.
Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, César Herrera explicó que el trabajo académico se centra en generar información pública, accesible y útil para la ciudadanía: “Nos hemos convertido en un ámbito de difusión de datos económicos para toda la Patagonia Sur. Relevamos actualmente precios en 27 ciudades y los publicamos en la web webdeprecios.unp.edu.ar”, explicó.

Herrera precisó que el equipo universitario realiza mediciones de la canasta básica alimentaria y total en nueve localidades, aplicando coeficientes del INDEC y sumando herramientas de inteligencia artificial para analizar patrones de consumo.
“Nuestro objetivo es que la información sirva para la toma de decisiones en los hogares, para que la gente pueda comparar precios y entender cómo impactan los costos en su calidad de vida”, añadió Herrera.
Además, adelantó que están desarrollando un estudio sobre el poder de las grandes cadenas alimenticias en la fijación de precios, bajo el título “Quién pone la comida en nuestra mesa”, con el propósito de identificar los actores económicos que controlan la oferta y definen los valores de los productos básicos.

Datos locales 
Por su parte, el investigador Claudio D’ermo agregó que desde el Centro de Estudios José María Rey vienen trabajando desde 2020 en un análisis local de precios, comparando los valores de cuatro cadenas de supermercados con los de negocios de cercanía.
“Queremos visibilizar las diferencias que sufren los sectores populares, que son quienes más padecen los aumentos. Este encuentro nos permite integrarnos a una red de medición más amplia y fortalecer la construcción de datos propios”, sostuvo D’Ermo.
La propuesta común de las organizaciones participantes apunta a construir una canasta local de referencia que refleje el costo real de vida en la región y sirva como herramienta para el debate sindical y político.
“En agosto, un trabajador necesitó 1.870.000 pesos para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo (2 adulos y dos menores). Estos datos son indispensables al momento de sentarse a discutir salarios con cualquier patronal”, señaló Noelia Costa, del ICEPSI.