Williams expuso a diputados pruebas de estafas organizadas desde pabellones y se expresó a favor de restringir el uso de celulares en cárceles

El fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, presentó ante una comisión de la Legislatura del Chubut los desafíos que enfrenta la justicia frente a los delitos orquestados desde las cárceles mediante el uso de teléfonos celulares.

Basado en la experiencia de investigaciones judiciales que han terminado en condenas, Williams manifestó su apoyo al proyecto del gobierno provincial para restringir y controlar estos dispositivos, señalando que, si bien se debe garantizar el contacto de los internos con sus familias, es urgente frenar el «crecimiento geométrico» de estafas y extorsiones que se facilitó tras la flexibilización de normas durante la pandemia.

Durante su intervención, el funcionario judicial fue taxativo respecto a la necesidad de regular el ingreso de tecnología a los establecimientos penitenciarios. 

La iniciativa busca reducir la cantidad de delitos que se producen a través de los establecimientos carcelarios que son por ejemplo de extorsión y estafas. En ese sentido, desde la Fiscalía se manifestaron a favor de avanzar en la restricción del uso de celulares en cárceles, al considerar que su utilización sin control permite sostener actividades ilícitas aun en situación de encierro.

Asimismo, se planteó la necesidad de garantizar sistemas de comunicación regulados que aseguren el contacto de los detenidos con sus familiares y defensores, pero bajo condiciones controladas.

El fiscal compartió ejemplos prácticos de investigaciones en curso y casos con sentencia firme para demostrar que el delito no cesa con el encierro: «Al proyecto lo vemos con ojos muy positivos. Lo que podemos transmitir nosotros es la problemática desde el punto de vista de nuestro trabajo que genera múltiples intervenciones que tienen que ver con casos particulares y organizaciones que funcionan dentro de los establecimientos carcelarios que utilizan los medios de comunicación para cometer delitos aun detenido», sentenció.

Uno de los puntos más complejos que expuso Williams fue la dificultad técnica para identificar a los responsables dentro de las unidades de detención. El fiscal señaló: «Claramente tiene particularidades por lo difuso que es quién utiliza el dispositivo una vez que hay un pabellón colectivo donde puede haber 30 personas. Eso hace que muchas veces sea sumamente complejo determinar de manera puntual cuál de todos los reclusos es el que está haciendo la maniobra».

Asimismo, describió el funcionamiento de estas bandas, que incluyen el manejo de billeteras virtuales y la colaboración de terceros fuera de los muros. «Cuando uno sigue el camino del dinero siempre hay un un tercero que está fuera de la unidad o del centro de detención que es quién recibe, quién se beneficia, que termina imputado también, o quién articula el tráfico del dinero», precisó Williams.

Finalmente, vinculó el auge de esta modalidad delictiva con el contexto sanitario reciente: «Claramente hubo un crecimiento exponencial porque como en la pandemia no podían tener contacto los reclusos con sus familiares se habilitó de una manera más laxa la utilización de los soportes electrónicos a partir de ahí estos delitos tuvieron un crecimiento geométrico».

La exposición de Williams se sumó a la de otros actores del sistema judicial y de seguridad que participaron de la comisión, en un intercambio orientado a avanzar en medidas que refuercen la seguridad pública y limiten la comisión de delitos desde ámbitos de encierro.