Proyecto de ley de la senadora nacional Edith Terenzi
Tiempo de lectura 3 minutos 35 segundos
El proyecto ha despertado un intenso debate porque pretende introducir por primera vez en la legislación penal argentina la figura del ecocidio como delito autónomo.
Actualmente, el Código Penal de la Nación Argentina contiene algunos delitos relacionados con el ambiente, contaminación de aguas, residuos peligrosos, incendios, etc. pero no existe un capítulo sistemático sobre delitos ambientales ni una figura denominada "ecocidio".
El proyecto propone incorporar un nuevo Título XIV: "Delitos contra el ambiente"; definir jurídicamente qué es daño ambiental irreversible, daño ambiental especialmente grave, ambiente, extensión espacial del daño ambiental y tipificar específicamente el ecocidio.
El proyecto considera ecocidio la realización de actos que produzcan un daño ambiental grave, extenso, duradero o irreversible, en violación de la legislación ambiental vigente.
Es decir, no cualquier contaminación constituiría ecocidio. Debe tratarse de un daño de enorme magnitud.
El proyecto establece una escala importante de sanciones. Según la gravedad. prisión de 3 a 10 años para daños especialmente graves, hasta 15 años cuando el daño sea irreversible, si el hecho provoca la muerte de una persona, la pena puede llegar a 25 años y si mueren varias personas, el mínimo aumenta considerablemente.
El proyecto contempla una novedad internacional, responsabilidad penal para las personas jurídicas, pudiendo imponerse multas muy elevadas, suspensión de actividades, prohibición de contratar con el Estado, pérdida de subsidios y publicación obligatoria de la sentencia condenatoria.
También prevé agravantes cuando un funcionario autorice, facilite, o participe en un hecho constitutivo de ecocidio.
En esos casos las penas aumentan y puede imponerse inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La senadora Terenzi sostuvo que existe un vacío en el derecho penal argentino para sancionar adecuadamente los daños ambientales más graves y que es necesario proteger los ecosistemas y los derechos de las generaciones futuras. Tras los incendios forestales en la Patagonia, insistió públicamente en acelerar su tratamiento.
El proyecto cita experiencias de varios países. Entre ellos Francia, Bélgica, Chile y Colombia.
También toma como referencia la definición elaborada en 2021 por un panel internacional de juristas convocado por la organización Stop Ecocide.
Las autoridades de diversas entidades rurales y productivas, en lugar de ofrecer el apoyo de sus instituciones a tan loable proyecto, proponiendo mejoras, salieron a criticarlo.
El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado en junio pasado, lo que parecía acercarlo al debate en el recinto. Sin embargo, pocos días después, senadores de La Libertad Avanza retiraron su apoyo y manifestaron que el texto debía ser profundamente reformulado tras las críticas de sectores productivos. Como consecuencia, el proyecto, en su redacción actual, quedó frenado y se espera la elaboración de una nueva versión antes de que vuelva a tratarse.
Últimas noticias
Más Noticias
